Echar un pulso al Estado no puede salirle gratis a Artur Mas. Así de rotundo se manifestaba hace poco el presidente Feijóo a propósito del desafío catalán. Desde mi modesta posición, sin embargo, me atrevería a llevarle la contraria y a pronosticar que no sólo le saldrá gratis, sino que le resultará rentable. Altamente rentable. Rajoy ha venido aguantando hasta ahora el chaparrón de que tenía que negociar y “mover ficha” para desactivar lo que se ha entendido como la crisis política más grave desde que entró en vigor la Constitución. En buena lógica no podía hacerlo cuando el referéndum seguía en pie. Haberlo hecho se habría entendido como una cesión al chantaje y a la manifiesta ilegalidad planteada desde las instituciones autonómicas catalanas.
Pero después de que la consulta en cuestión no se vaya a celebrar y restablecida de alguna manera la normalidad constitucional, al presidente Rajoy no le quedará políticamente más remedio que , en efecto, mover ficha. Él mismo ha manifestado que “ahora se abre el camino del diálogo”.Lo relevante del nuevo escenario es que en circunstancias históricamente similares Cataluña nunca ha salido perdiendo. Sus presiones han sido constantes, enormes y altamente provechosas. Y no sólo en el terreno político. Todo arancel librecambista, por ejemplo, se tomó allí desde tiempos muy tempranos como una ofensa a Cataluña y así aquel territorio ha podido beneficiarse durante casi tres siglos y hasta hace bien poco de la protección a su industria textil.
En el ámbito político puede decirse lo mismo. Y es que el nacionalismo catalán se ha distinguido siempre por hacer las cosas por su cuenta, al margen y por delante de los demás territorios. En los tres grandes momentos constitucionales -1873, 1931 y 1978- en que la cuestión regional se ha afrontado abiertamente, en los tres –digo– las reivindicaciones catalanas condicionaron desde sus primerísimos pasos el calendario político nacional y se saldaron con un especial trato de favor. Siempre se recuerda que el proyecto de lo que habría de ser el estatuto de la segunda República no sólo no se adoptó en desarrollo de las previsiones constitucionales en materia de organización territorial, sino que fue incluso anterior a la fecha en que tuvieron lugar las elecciones generales de junio de 1931. Siempre por libre; siempre distintos. ¿Hasta dónde podrá o querrá mover ficha ahora Mariano Rajoy? Es todo un misterio, porque ninguna de las partes ha enseñado en público sus cartas. Creo, no obstante, que el presidente del Gobierno se encontraría en esta ocasión con una dificultad añadida: que ningún otro territorio se resignaría a convertirse en ciudadanos de segunda.