ALUVIÓN DE EVALUACIONES

Ala vuelta de la Semana Santa los centros educativos no universitarios van a entrar en un carrusel  de pruebas o evaluaciones. Las va a haber para todos los gustos y ámbitos: desde las introducidas por la Lomce, pasando por las varias de ámbito territorial y las participaciones autonómicas en evaluaciones internacionales, como PISA y Timms, amén de los exámenes de fin de curso.
Es la cultura de la evaluación que poco a poco se va abriendo paso en el sistema educativo. Valencia, por ejemplo, se incorpora este año a PISA y prácticamente todas las autonomías han solicitado muestra ampliada en esta evaluación internacional que realiza la OCDE. Lo mismo han hecho tres de ellas para la Timms (Tendencias en Matemáticas y Ciencias). Y es que las administraciones educativas van teniendo cada vez mayor conciencia de que sin evaluaciones y controles periódicos no se puede mejorar ni reducir el fracaso escolar.
No obstante, mientras no se pongan en marcha las llamadas reválidas de fin de etapa en Secundaria (4º de ESO y 2º de Bachillerato, previstas para mayo de 2017), todavía no habrá en el sistema educativo ninguna prueba con incidencia directa sobre el alumno. Selectividad, como se sabe, es otra cosa: una prueba de acceso que no repercute en la obtención de título, como sí lo harán las pruebas Lomce mencionadas.
La principal novedad de este curso es la evaluación para los alumnos de 3º de Primaria. Se trata de una prueba externa e individualizada de diagnóstico que comprobará el dominio de destrezas –ahora priman las destrezas sobre los conocimientos–, capacidades y habilidades en lectura, escritura, cálculo,  problemas y otra serie de cuestiones.
Cuando la Lomce entró en vigor diversas comunidades manifestaron su voluntad de “minimizar” en lo posible el impacto de la reforma educativa. Y es lo que va a suceder con esta prueba a celebrar hacia fin de curso. Varias de ellas ya han anunciado el propósito bien de no llevarla a cabo, bien de hacerlo a su manera. Es el caso de Asturias, Andalucía, País Vasco y, por supuesto, Cataluña, que en casi todo esto va por libre.
Lo grave del caso es que no se advierte por parte del ministerio voluntad de hacer cumplir lo mandado y bien puede no pasar nada por ello. Ante las reservas de varias comunidades, Wert recordó en su momento la existencia de la Alta inspección educativa, encargada de garantizar el cumplimiento de las leyes en las administraciones territoriales con competencias en la materia. Pero de su actividad mucha noticia no se tiene.