ACTIVISMO FISCAL SIN PRECEDENTES

Supongo que eso de que le importa poco o nada el informe de la Comisión Lagares sobre la reforma del sistema tributario no pasa de ser una contestación pasajera  del presidente Núñez Feijoo a una intervención del siempre crispado  portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que presentaba como medidas del Gobierno lo que en realidad son hoy por hoy propuestas de terceros al respecto.
Pero al margen del trasteo  parlamentario, es lógico pensar que al titular de la Xunta le interese y mucho el informe en cuestión porque de alguna manera, en mayor o menor medida, el documento va a inspirar la reforma fiscal prevista y de ella va a depender el sistema de financiación autonómica que  habrá de venir a continuación.
El documento pone de relieve el “activismo fiscal sin precedentes” que como respuesta a la crisis económica y financiera se ha producido en todo el mundo. Un activismo caracterizado más por la búsqueda desesperada de ingresos fiscales con los que hacer frente a la explosión de los déficits públicos  que a un análisis riguroso de la eficiencia tributaria.  
Esta fiebre fiscal se ha aplicado –además- en nuestro país en el marco de un Estado complejo, con capacidad normativa y de creación original de impuestos en múltiples administraciones públicas sin las reglas de coordinación típicas de los estados federales consolidados. No en vano en los llamados años de la crisis sólo las comunidades autónomas han ideado y ejecutado un centenar de tributos propios.
A petición expresa del Gobierno, el informe dedica un capítulo –el  noveno y último- a la descentralización fiscal y  la financiación autonómica, aunque sólo desde la  perspectiva de la incidencia sobre la unidad del mercado interior y la neutralidad o la no alteración del comportamiento de los agentes económicos por razones tributarias.
Tal vez sea esta la parte del documento sobre la que se pasa más por encima.  Aun así, a la comisión de expertos le ha dado  tiempo para recomendar una valoración cuidadosa de las facultades normativas cedidas o que se cedan en el futuro a las comunidades autónomas; propugnar mayores capacidades para establecer los antipopulares sistemas de copago dentro de unos ciertos límites; sugerir la no cesión de  competencias en materia de tributación indirecta armonizada; corregir la atomización  legal de los impuestos propios; armonizar bases en los eventuales nuevos tributos, y proponer una revisión en profundidad de los impuestos medioambientales, muchos de hoy –dice- no justificados y que producen un  evidente caos legislativo.
No es que se trate, como se ha dicho, de un “tremendo hachazo” a las comunidades autónomas. Pero sí es cierto que las observaciones apuntadas no han gustado mucho. Y es que todo lo que suene a reconsideración y coordinación despierta de entrada las inevitables reservas.