La música y la letra

En el reciente, y merecidísimo, homenaje a Zedda, en un momento del espectáculo un espectador advirtió al director de la orquesta:  “Baje la música que no escuchamos a los cantantes”. O sea, la música “tapaba” la letra.
Me vino a la memoria todo lo que rodea a la situación creada en Cataluña. Por un lado, tenemos a los secesionistas rompiendo las reglas comunes y amañando, retorciendo, sus normas situándose, en definitiva, fuera de la ley, mientras, por otro lado, cada vez son más las voces que piden una solución política en lugar de traspasar el problema a los tribunales. Entre esas voces destacan la del presidente saliente del Constitucional y la de otros juristas de similar prestigio, como es el caso de Martín Pallín, quien en un programa televisivo advirtió de que “ningún Tribunal Constitucional de nuestro entorno tiene las facultades de este”, por cierto, tras una decisión del PP, apoyado en 2015 por su mayoría absoluta. 
Ahora, después de tanto ruido, una mayoría de catalanes considera que el referéndum no es legal. Una mayoría importante quiere ejercer el derecho a votar en referéndum pactado y otro tanto, en su mayoría jóvenes, desean una salida negociada. Y un ochenta y dos por ciento culpa a Rajoy del crecimiento del secesionismo. 
El problema es que el día después, ahí a la vuelta de hoja de calendario, no se van a resolver los problemas de fondo que han ido generándose durante los últimos años por culpa de gritos extemporáneos, silencios inexplicables y falta de diálogo. El profesor Ramón Miramón en un artículo de opinión resumía que “el balance de estos cinco años es muy negativo para Cataluña y España, además de desastroso para el nacionalismo moderado” y señalaba las disfuncionalidades del Estado español, centralista y muy descentralizado, a la vez. Que reconoce la diversidad cultural, pero sin equilibrio entre lo común y propio y redistribuye e invierte entre la distintas comunidades con arbitrariedades e inconsistencias---”. Estos problemas, que son comunes a otras autonomías, que deberían ser afrontados desde la administración central, en diálogo permanente, han enquistado el problema. 
Hay que lograr que el ruido no impida escuchar y es obligación de todos –pero quien tiene más poder es el Estado– ahondar en una descentralización solidaria que tenga en cuenta lo común y lo propio: que lo respete y lo potencie. Y esa es una labor de los políticos no de los tribunales