• Martes, 21 de Noviembre de 2017

Tribunales y organismos internacionales

Ahora que están de tanta actualidad acudir a los tribunales y organismos internacionales

Ahora que están de tanta actualidad acudir a los tribunales y organismos internacionales para el cumplimiento de la legalidad vigente nacional, podemos afirmar que, en materia de vivienda, éstos han sido fundamentales para que en España no se siguiese violando el derecho a una vivienda digna y se aminorasen las consecuencias de la sangría para tantas familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad y de carencia de recursos suficientes para afrontar las cuotas hipotecarias.
Tanto la ONU, a través del artículo 11 del Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1.966, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.948, los artículos 16 y 19 de la Carta Social Europea de 1.961 y ratificada en 1.980, el artículo 115 de la Organización Internacional del Trabajo, sin olvidarnos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han sido muy claros al contemplar y señalar que España incumplía los mandatos internacionales sobre el derecho a la vivienda.
Por su parte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea merece una mención especial al haber jugado un papel extraordinario y fundamental en el desarrollo de los derechos a la vivienda en España a través de varias sentencias que, entre otras cuestiones, habían declarado la incompatibilidad del régimen español, nada garantista, de ejecuciones hipotecarias y desahucios con el derecho de la Unión Europea así como que otorgó poder a los jueces españoles para suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria e impedir el desalojo en caso de observar cláusulas abusivas. No había más remedio que acudir a todos estos organismos y tribunales internacionales para proteger los derechos de los ciudadanos ya que el propio Tribunal Constitucional afirmara que el artículo 47 de la Constitución española no genera por sí mismo un derecho susceptible de reclamación, ya que se trata de una invitación a los poderes públicos para que faciliten dicho disfrute dentro de las posibilidades económicas.
Mientras todo esto sucede, Amnistía Internacional señala que un 30% de todas las viviendas vacías en Europa se encuentran en España.