LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Cada vez más ciudadanos y familias de clase media-baja se están quedando al margen del sistema económico y social. Las deudas, con sus intereses moratorios correspondientes, van en aumento y los ingresos son cada vez menores. Ante esto el gobierno del Estado ha tenido la brillante idea de sacar adelante el Real Decreto Ley 1/2015 por el cual, entre otras cuestiones, se regula la “segunda oportunidad”, que permitiría a los ciudadanos liquidar sus bienes para saldar las deudas contraídas. Hasta ahí todo parece sensato y de justicia.
Ojeando la disposición legal nos encontramos con que la familia tendrá que llevar a cabo una liquidación completa de todo su patrimonio, incluida la vivienda habitual, el vehículo etcétera. Asimismo muchos miembros de familias que se dedican a trabajar de manera autónoma, como a la pesca de bajura, al marisqueo, a la agricultura, a realizar pequeños trabajos de albañilería, fontanería, a la peluquería, al corte y confección, al comercio menor de ropa, venta de productos de alimentació... tienen que saber que a ellos no le serán perdonadas todas las deudas.  
Entre estas se encuentran los llamados “créditos públicos”, como las deudas con hacienda o con la Seguridad Social. No podemos olvidarnos que los problemas con Hacienda y la seguridad social son los que fundamentalmente tienen los autónomos cuando se ven “obligados” a cesar en sus actividades.
Por si fuese poco, en los últimos tiempos, las diferentes administraciones públicas están procediendo a remitir diligencias de embargo de inmuebles a los “deudores de buena fe”, efectuando las anotaciones preventivas correspondientes en el Registro de la Propiedad. No les importa que se trate de la vivienda habitual, todo vale con tal de “desahuciar” a las familias y que se pongan a malvivir en una tienda de campaña o debajo de un puente. Luego, a nuestros gobernantes se les llena la boca hablando de que se está reduciendo la desigualdad y se avanza en la justicia social.