• Viernes, 24 de Noviembre de 2017

Alternativa habitacional

Amnistía Internacional señala que “las autoridades públicas españolas

Amnistía Internacional señala que “las autoridades públicas españolas no proporcionan las alternativas de alojamiento necesaria, ni se están destinando los recursos necesarios a la protección de los desahucios o desalojos en la viviendas en alquiler. En uno de sus últimos informes sobre “el derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler”, Amnistía Internacional critica que el Gobierno español “haya adoptado medidas jurídicas y políticas para legalizar el sector de la vivienda en alquiler y acelerar el proceso judicial, y con ello ha puesto en peligro los derechos de las personas arrendatarias”.
La realidad actual es que la crisis de la vivienda continúa. Así en el pasado año hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios. Con ello, cada vez, hay más desalojos de personas residentes en viviendas en alquiler y lo peor de todo es que, en la mayoría de los casos, se quedan en la calle sin alternativa habitacional por una evidente falta de coordinación entre los juzgados y las diferentes administraciones municipales y autonómicas.
Protocolos y convenios que no se cumplen en la mayoría de los casos. Es lo que ocurre con el convenio suscrito en el año 2013, entre el CGPJ, la Fegamp y la Xunta, que establece que “con la cédula de citación a juicio se acompañará un folleto informativo de los servicios y programas de asistencia social” para el caso de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Mientras todo esto sigue sucediendo, los organismos internacionales de Derechos Humanos han pedido a las autoridades españolas que pongan remedios y recursos jurídicos a disposición de las personas afectas por los desahucios, dejando claro que “de conformidad con el derecho internacional de los Derechos Humanos, un desalojo solo debe llevarse a cabo como último recurso y en todo caso las autoridades deben garantizarles un alojamiento adecuado” para hacer efectivo el derecho a la vivienda.