OCURRENCIAS

Una de las acusaciones más frecuentes que se hacía al ejecutivo de Rodríguez Zapatero era que gobernaba a base de ocurrencias, algunas de las cuales causaron graves perjuicios a las arcas del Estado y casi todas asombro a los ciudadanos.
Esa etapa parecía agotada, pero el Gobierno actual también tiene su cupo de improvisaciones y ocurrencias en la mejor línea del zapaterismo. La última –si no lo es se parece mucho– es retirar el tráfico pesado de las carreteras en aquellos tramos en los que existan autopistas paralelas obligando a circular por ellas a los transportistas a cambio de la subvención de la mitad del coste de los peajes. En Galicia esa prohibición afectará a unos 250 kilómetros de las carreteras N-550, A Coruña-Tuy, y la N-525, Santiago-Ourense, cuyas vías alternativas para los camiones serán las autopistas AP-9 y AP-53.
Las razones de Fomento –seguridad, rapidez, reactivación de la economía…– no convencen al sector del transporte que está muy soliviantado. Dicen los transportistas que ellos no son los mayores responsables de la inseguridad en las carreteras y tampoco pueden asumir más costes en su negocio que a veces ni alcanza el umbral de una pequeña rentabilidad. Por eso reclaman que la utilización de las vías de pago sea voluntaria y, de ser obligatoria, que Fomento asuma el coste total de los peajes, peticiones que parecen razonables.
A la gente del transporte le sorprende este plan de Fomento tal como fue planteado y argumentado porque para ellos la ministra Ana Pastor suele ser persona rigurosa y  pragmática, poco dada a “ocurrencias”. Sospechan que el motivo de su “expulsión” de las carreteras nacionales, públicas y gratuitas, es para ayudar al decaído negocio de las autopistas. Una especie de rescate encubierto como el que el Gobierno quiere hacer con las autopistas del área de Madrid, esa red viaria descabellada, desproporcionada y a la postre ruinosa de la que nadie es responsable que nos va a costar 4.500 millones. Un ejemplo de libro de “socialización de las pérdidas”.  
Sean fundadas o no las sospechas de los transportistas, el ministerio, en lugar de levantar el negocio de las autopistas, haría mejor invirtiendo el dinero de la subvención de los peajes en el mantenimiento y mejora de las viejas carreteras, incluido el segundo carril donde proceda y las variantes necesarias para circunvalar las poblaciones. El tráfico sería más fluido y seguro en beneficio de  todos.