Cataluña: un arreglo para ir tirando

El día después de que Jordi Pujol compareciera en el Parlamento para dar explicaciones obscenas e insultantes sobre la herencia oculta, el presidente de la Generalitat, su criatura política, traspasaba la legalidad con la firma de la ley de consultas y la convocatoria del referéndum para votar la independencia. Pocas horas después, el Gobierno puso en marcha la maquinaria del Estado y se paralizó todo el proceso.  
Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol político español. Sentenció Felipe González que quien echa un pulso al Estado lo pierde y Artur Mas perdió esta partida derrotado por la legalidad constitucional que otorga el derecho a decidir a todo el pueblo español.
Pero el problema catalán no se acabó por paralizar la consulta, sigue estando ahí y con más fortaleza si cabe, porque traspasó los umbrales de la razón y de la política para instalarse en el ámbito de las vísceras y los sentimientos. Por tanto, aplicada la legalidad entramos en un terreno desconocido y pueden venir días trascendentes que marquen la historia política, económica y social de España.
¿Hay alguna posibilidad de salir de este laberinto? Sinceridad obliga y, visto el desarrollo de los hechos y que nadie se mueve de sus posiciones, se puede concluir que este problema endémico no tiene solución, ni siquiera la que propugnaba Ortega de la “conllevancia”. Llevan años construyendo su Estado Nacional –“ahora paciencia, después independencia”, solía decir Jordi Pujol– y rompiendo todos los vínculos afectivos con el resto de España y ya se sabe que sin querencia mutua no se puede convivir. Hoy por hoy, cualquier solución, incluida la reforma federal de la Constitución que reconozca más singularidad y mejore la financiación de Cataluña, parece destinada al fracaso.    
Ahora bien, si creemos que la política es el arte de hacer realidad lo posible, la cuestión catalana, que no tiene solución, puede tener arreglo para ir tirando una o dos generaciones más. Como lo tuvo hace un siglo con la Mancomunitat, en la II República con el reconocimiento de los poderes territoriales y en la Transición con el Estado de las Autonomías de la Constitución.
Ese arreglo solo llegará si los políticos abandonan la visceralidad, recuperan el raciocinio y buscan un proyecto “inclusivo” aceptado por todos y capaz de encajar a todos en un nuevo marco de convivencia. Tal como están las cosas parece misión imposible, pero tienen obligación de intentarlo.