• Lunes, 11 de Diciembre de 2017

DIPUTACIONES, DESHOJANDO LA MARGARITA

Hace años una campaña informativa definía a la Diputación como “El Ayuntamiento de tu Ayuntamiento”. Una clara manifestación de la institución provincial que se corresponde, con este u otro nombre, desde 1836 con el gobierno y la administración autónoma de una provincia. Una corporación que significa el poder absoluto, dentro de los poderes administrativos y económicos, en el seno de los  dispersos municipios ubicados en su zona geográfica de influencia, o sea, la demarcación provincial.
El mapa de las diputaciones provinciales es variopinto en nuestro país. Existen como tales en las comunidades de Galicia, Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En el País Vasco y Navarra son forales, y en los territorios insulares, Canarias y Baleares, cabildos y consejos. Por su  parte, las comunidades autónomas uniprovinciales Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja, no disponen de ellas.
Debo reconocer que a nivel popular es poco lo que se sabe de la constitución de estos órganos, cuya finalidad principal es gestionar los intereses económico-administrativos de las provincias. Se trata de órganos de elección indirecta. La composición de su pleno se realiza por los concejales electos de todos los ayuntamientos del partido judicial. Por el contrario las diputaciones forales son órganos de elección directa.
Desarrollan su trabajo contando para ello con unos presupuestos de funcionamiento muy elevados. Las tres modalidades existentes manejaron el año pasado  más de 21 mil millones de euros: las 38 de régimen común 5.971 millones de euros; los consejos insulares 1.991 millones, y las forales 13.804 millones, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda. 
La financiación es un capítulo demasiado importante. Sus arcas económicas se llenan a través de los Presupuestos Generales. Y lo hacen por tres vías: porcentaje de lo que se recauda a través de IRPF, IVA, alcohol, tabaco e hidrocarburo; lo que se destina desde el Estado para atender los servicios sanitarios, y el Fondo Complementario de Compensación.
En estos organismos provinciales trabajan 62.159 personas (27.535 funcionarios y 34.624, contratados), al servicio de 1.040 diputados provinciales y 155 consejeros de los Cabildos insulares.
Desde siempre se dijo que las diputaciones provinciales eran un granero de recogida de votos. Yo no lo he dudado nunca. De ahí que, con ciertos períodos cíclicos, se pida su disolución, desaparición o cambio por otro organismo, sin especificar cuál. Y ahora en 2016 no iba a ser menos. Se vuelve a deshojar la margarita con una propuesta política en verdad vacía de contenido. El tema es mucho más complejo de lo que nos quisieron plantear Pedro Sánchez y Albert Rivera. Hay demasiados intereses creados. Demasiados políticos viviendo de este maná permanente y muchos alcaldes que su funcionamiento y sus planteamientos de ejecución, los cifran única y exclusivamente en lo que reciben de forma directa o indirecta de la diputación provincial, en base a las afinidades políticas.
Muchos políticos quisieron hacerlas desaparecer. Ninguno, hasta el momento, fue capaz. Ahora va a ocurrir lo mismo. La volatilidad de la propuesta vuelve a ser humo de chimenea… Yo me inclino por su desaparición poniendo encima de la mesa razones de peso, no un papel para buscar votos parlamentarios.