El fracaso de las tasas judiciales

Apenas a un año de su implantación, el debate de las tasas judiciales se recrudece como consecuencia de la reducción, en más de 3.000.000 €, de la partida destinada a Justicia en los Presupuestos del Estado. Prueba objetiva del fracaso de una medida que ha provocado las protestas de todos los colectivos relacionados con la Administración de Justicia. Y es que, independientemente de su insignificante recaudación, y de que en nada ha mejorado el funcionamiento del sistema judicial, lo más despreciable de tan mala idea es que millones de ciudadanos no puedan defender sus derechos ante los tribunales, dado su elevadísimo coste.  
Al igual que en los países irrespetuosos con los derechos humanos, la parte favorecida no ha sido la mayoría de la sociedad, sino un reducido “club” de oligarcas, que tiene dinero de sobra para pleitear y, en su caso, perjudicar a los acreedores que, sin derecho a la justicia gratuita y sin medios para litigar, les reclaman una deuda; y, por supuesto, la actual Administración Pública, que, exenta de su pago, se lucra obligando a ese ciudadano a pagarlas por recurrir judicialmente cualquier resolución administrativa, por injusta que sea.
La Audiencia Nacional se acaba de posicionar contra la constitucionalidad de las tasas, no solo por entender que vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el que tiene cualquier ciudadano a recurrir a la Administración de Justicia para defender sus intereses, ya que, si no paga la tasa por adelantado, no puede iniciar un procedimiento; sino también, el derecho fundamental a la igualdad, pues se imponen a todo el que demanda o recurre sin tener en cuenta sus circunstancias económicas para modular la cuantía. Decidirá finalmente nuestro politizado Tribunal Constitucional. Por el momento “toca” paganini, o… nada.