En defensa del jurado

La Constitución española reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado. Mandato constitucional que no se materializó hasta 1995, con la aprobación de la Ley del Jurado. En el paradigmático caso de un juicio por homicidio, o asesinato, nueve ciudadanos se pronuncian única y exclusivamente sobre los hechos. Es decir, que practicada la prueba, los miembros del jurado deben deliberar para decidir, por mayoría, si el acusado es culpable o inocente del crimen. Para tomar esa decisión no es necesario ser experto en derecho. Lo único que se exige es una valoración racional, de sentido común, sobre las pruebas practicadas. Será el juez quien aplique el derecho y decida, en su caso, la pena.
Se dice que los ciudadanos legos en derecho son fácilmente contaminables por prejuicios mediáticos, influenciables por los medios de comunicación, perdiendo la imparcialidad, pero los jueces profesionales tampoco viven en una burbuja, ni carecen de prejuicios, ni son infalibles, y también pueden equivocarse, pues forma parte de la propia condición humana. Muy pocas, de las miles de sentencias con tribunal del jurado han tenido que repetirse. Y muchos profesionales del derecho hemos “rezado” para que no conozca del asunto determinado juzgador, y leído horrorizados el fallo de múltiples resoluciones judiciales. Con el jurado se elimina el protagonismo del juez, la vanidad judicial, lo que no es baladí en un país de fuerte tradición inquisitiva, con una ley procesal penal de 1882.
Creo, en definitiva, que el jurado es una institución necesaria en cualquier país democrático, y que se equivocan quienes piensan que un juez, por el mero hecho de serlo, va a ser más justo que un simple ciudadano a la hora de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, tras ver y oír las mismas pruebas en un juicio público celebrado con todas las garantías; donde los antagonistas, defensor y fiscal, realizan su trabajo en igualdad de armas; y, donde, finalmente, los jurados deciden, no sobre normas, sino sobre hechos. No hace falta formación jurídica. Sólo sentido común.