• Sábado, 16 de Diciembre de 2017

LOS CIUDADANOS Y EL NUEVO REGISTRO CIVIL

El Gobierno viene negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones para compensarles la asunción de la gestión del Registro Civil. Estos funcionarios sin salario público, cuyos ingresos dependen de sus gestiones, los aumentarán a costa del ciudadano. A tal fin se trata de establecer por ley gestiones onerosas, hasta ahora inexistentes, referentes a libros de familia, o a inscripciones, como la de los registros de seguros o el cese de los poderes notariales (el año pasado se firmaron casi un millón en toda España); a devengar honorarios por servicios hasta ahora gratuitos: fes de vida y estado, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, celebración de bodas, expedientes de matrimonio, de parejas de hecho, nacionalidad, registrar poderes, últimas voluntades, cambios de domicilio, cambio de nombre y apellidos….; y, finalmente, cual “cajón de sastre”, se propone, incluso, añadir en la futura ley “Cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas físicas previstos en las leyes”…
La privatización de este servicio público provocará, además, la supresión de las oficinas locales del Registro Civil, obligando a los ciudadanos de la zona rural a desplazarse a la capital para realizar cualquier trámite, con la consiguiente incomodidad y gasto añadido. Y, naturalmente, que los actuales funcionarios públicos del registro sean reasignados en otros órganos, con los peyorativos efectos materiales de toda índole que ello les originará.
Pero, aparte de la privatización de la plataforma técnica y de gestión de los registros civiles, se privatiza también su explotación a través de la reforma del Reglamento del Registro Mercantil, que incrementa las tarifas de numerosas operaciones -entre un 800% y un 6.000%- y triplica sus funciones retributivas o “actos minutables”, medidas poco congruentes en un país donde el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios están congelados, y que dejará 10.000.000 € extras de facturación anual a cada registrador; renta más que suficiente para afrontar unos costes del Registro Civil que se estiman inferiores a 500.000 euros por oficina. Una renta de monopolio de 9,5 millones de euros al año.
Por si a alguien se le había olvidado, el presidente del Gobierno es registrador. Ustedes mismos.