El “cebo” de los divorcios a 95 euros

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, es decir, donde se residencian aquellos procedimientos en los que no hay exactamente un conflicto entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resolución judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Ocurre, que según la futura Ley se delegará en los Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles, buena parte de aquellos procedimientos que actualmente se resuelven en los juzgados, y así, colados de rondo, incluso los matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores o discapacitados; eso sí, al módico precio de 95 euros, “por ahora”.
Muchos, entre los que me incluyo, ven en esta Ley otro impulso hacia la privatización de la Justicia, y un desmedido afán por incrementar el volumen de negocio de estos profesionales, a quienes además, curiosamente, se les deriva el conocimiento de las materias de jurisdicción voluntaria de mayor cuantía económica; y, todo ello, sin motivo alguno que impida que de ellas sigan conociendo, y de forma gratuita para los ciudadanos, los naturales Tribunales de Justicia; perjudicando notablemente, una vez más, a la clase media, a los propios funcionarios de la Administración de Justicia, y al colectivo de Procuradores y Abogados, a los que se les hurtan parte de sus competencias, y que han sido totalmente soslayados a la hora de opinar sobre la oportunidad de unas reformas legales que tan directamente les afectan.
¿Realmente cree el Sr. Gallardón que por 95 euros un Notario se “vestirá” de abogado recibiendo en su despacho y atendiendo al teléfono a horas intempestivas y en plurales ocasiones a los cónyuges para irles explicando sus derechos, y, en su caso, intentar avenirlos, en el antes, el durante, y el después del evento contratado? Claro que no. Cuando consigan hacerse con “el pastel” ¿Cuánto tiempo creen que tardará el Ministro de Justicia en quintuplicar o sextuplicar esos aranceles a los Notarios?…