ALEJANDO LA JUSTICIA DEL CIUDADANO

Un ejemplo palpable de una legislación surgida al margen de los dictados de la razón lo tenemos en la propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional creada por acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 con el objetivo de residenciar la Justicia en un solo órgano por instancia judicial: la primera mediante la implantación del denominado Tribunal de Instancia, órgano colegiado de ámbito provincial con sede en las capitales de provincia; y la segunda en los actuales Tribunales Superiores de Justicia.
Como acertadamente expone un reciente Informe emitido por el Colegio de Abogados de A Coruña, prescindiendo de todas las lagunas e imprecisiones que dejan absolutamente indefinido el nuevo modelo jurisdiccional que se pretende instaurar, resulta evidente que la reforma desmantela, con indeseables consecuencias, la red de juzgados radicados en los diferentes partidos judiciales existentes en España, que posibilitan el fácil acceso de los ciudadanos a la justicia, el acierto de las resoluciones judiciales y la buena práctica de las diligencias procesales, aspectos inherentes al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por ejemplo: perjudicando a los residentes en núcleos alejados de la capital de provincia, disuadiendo a los parcos en recursos económicos o de posibilidades de desplazamiento a la sede del Tribunal; desarraigando al juzgador del lugar del conflicto a dirimir, promoviendo el desacierto de sus resoluciones; y generando graves disfunciones en la dinámica procesal a la hora de practicar diligencias cuando el lugar del pleito diste considerablemente de la sede del Tribunal, como los que se originarán al Juez y/o Secretario del Tribunal de Instancia con sede en A Coruña para el reconocimiento de una finca en Ribeira, la exploración de un incapaz en su domicilio de Camariñas, el levantamiento de un cadáver en Muxía, o la entrada y registro en una vivienda de Porto do Son.
La reforma, que sólo podría tener sentido en partidos judiciales muy cercanos, sin duda provocará un problema de movilidad brutal de funcionarios, abogados y procuradores, a quienes ni siquiera se ha consultado pese a la evidencia de conocer mejor que nadie las necesidades del sistema; y, en definitiva, al igual que con las ya implantadas tasas judiciales, se volverán a conculcar los derechos fundamentales de los ciudadanos “de a pie” de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.