Soluciones heterogéneas en un país heterogéneo

Ya hemos comenzado a escuchar voces airadas contra los privilegios económicos que el Gobierno concede a Cataluña, a cuenta del plan de inversiones anunciado con motivo de la visita de Rajoy a Barcelona. Ya sé que, pese a lo que se diga oficialmente, estas inversiones hasta 2020 son superiores a las previstas en otras autonomías. Pero me parece urgente empezar la reestructuración del Estado admitiendo que España es un país heterogéneo en su articulación territorial, una articulación que en 1977 se quiso uniforme y excesivamente homogénea.
Y ese fue el principal error de una reforma hacia la democracia tan afortunada por otros conceptos: no se llegó a un consenso suficiente para dar diferentes soluciones a la financiación territorial, considerando que la autonomía de mi querida Cantabria, por ejemplo, no puede equipararse con la catalana, pongamos también por caso. Como la autonomía andaluza, con sus peculiaridades, no se puede poner en el mismo saco que la gallega o la murciana, que también tienen las suyas.
Para que el país funcione como sería deseable, hace falta no solo tocar para mejor algunos aspectos de la Constitución, sino llegar a un pacto de financiación territorial, que lleve a que el diálogo, además de multilateral cuando convenga, se convierta en bilateral, caso por caso, entre el Gobierno y los autonómicos. A los que, además, hay que ofrecer mayor protagonismo fiscal, pero a los que hay que reclamar también nuevas sensibilidades en lo tocante a la solidaridad.
Me parece, por tanto, acertado el nuevo rumbo que ha emprendido el Ejecutivo de Rajoy, que, no lo olvidemos, hace menos de dos años negaba el pan y la sal a las veintitrés peticiones que, en materia económica y de infraestructuras, trajo a Madrid Artur Mas. Total, para, año y medio más tarde, admitir que no solo esas, sino otras veinte exigencias de los gobernantes catalanes, eran posibles, y lo único que resultaba inadmisible era la número 45, es decir, el referéndum. Ahora, tras el levantamiento del telón de acero económico, hay que hacerlo también con el político: bazas, haberlas, haylas.
Que el Ejecutivo ha cambiado de opinión parece incuestionable; confío en que sea el primer paso para que también cambien las actitudes, irreflexivas e inflexibles, en la plaza de Sant Jaume. Los independentistas, saben que sus últimos fines son imposibles y no son compartidos al menos por la mitad de los catalanes. Así que, apelando a la máxima de hacer virtud de la necesidad, en algún momento tendrán que comenzar a dialogar y una lluvia de 4.200 es un primer (y buen) argumento para sentarse a la mesa de conversaciones. Claro que antes de que el diálogo fructífero comience, quizá tengan que pasar muchas cosas, entre ellas unas nuevas elecciones autonómicas y el consiguiente cambio de titular al frente de la Generalitat. Porque de la escasa capacidad política del actual poco se puede esperar.
Pretender que la cuestión catalana se va a arreglar inhabilitando parlamentarios autonómicos y nacionales, para no hablar ya de la amenaza pendiente sobre la cabeza de la presidenta del Parlament, es un error. Ya sé que hay que cumplir las leyes, y que la insubordinación es un elemento que destruye a los Estados. Pero se trata de mantener esa sabia conllevanza que Ortega predicaba, mezclando la firmeza de los tribunales con la reforma legal precisa y con la generosidad del resto de los españoles para con unos catalanes que, quieran ellos o no, quieran los del otro lado o no, también son españoles, vaya si lo son.

Soluciones heterogéneas en un país heterogéneo

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