Cambio de rumbo: toca lupa

Todo indica, a tenor de las informaciones que los medios van recopilando, que el Gobierno está afinando sus tácticas y su estrategia ante el proceso independentista catalán: la Fiscalía, de la mano de su máximo titular, José Manuel Maza, examina con lupa toda iniciativa legislativa y normativa que proceda de la Generalitat, acelerando las reacciones ante los posibles incumplimientos de la legalidad, de manera que no haya que aguardar en muchos casos a las demasiado lentas decisiones del Tribunal Constitucional para actuar en según qué casos. Paralelamente, los servicios de Hacienda, controlados de manera implacable por el ministro Montoro, han comenzado a mirar, con una lupa no menor que la de la Fiscalía, los contratos suscritos con la Generalitat por parte de empresas privadas: se busca que estos contratos no persigan fines ilegales. Es decir: se trata de evitar el referéndum o cualquier otra actuación en favor de la independencia pura y dura de Cataluña respecto del resto de España,
Es una toma de posición clara la del Ejecutivo de Mariano Rajoy: el mensaje que se envía a Puigdemont, a Junqueras y a los máximos responsables de la organización del ‘procés’ independentista es que de ninguna manera se va a tolerar la celebración de un referéndum secesionista, “ni en otoño ni nunca”, y para ello se pondrán en marcha desde los mecanismos judiciales hasta los diplomáticos, pasando, claro, por los económicos. Es una posición de firmeza que trata de evitar soluciones que serían más traumáticas, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ofrece amplios e indeterminados poderes al Gobierno central en caso de ‘rebelión’ o descarrilamiento de una autonomía, y menos aún -algunos ‘halcones’ llegaron a sugerirlo en Madrid- aplicar la legislación constitucional referente al estado de sitio, algo que, según una fuente próxima al Gobierno, “ni siquiera cabe pensarlo”.
Se aprecia, en efecto, un auténtico ‘cambio de rumbo’ en las actitudes del Gobierno que preside Rajoy, una vez que parece firme la determinación de no anticipar las elecciones generales al menos hasta comienzos de 2019, “pase lo que pase”. Rajoy, terminados ya los congresos regionales del PP, y consolidada su posición en la Unión Europea, puede ahora dedicar sus esfuerzos a lograr un acuerdo presupuestario “extensible a las cuentas para 2018”, y, claro, a enfrentar el reto independentista catalán, un reto del que, dicen quienes frecuentan La Moncloa, está seguro de salir con bien.
Ocurre, sin embargo, que, si el presidente del Gobierno central tiene un plan más allá de extremar el rigor legal y fiscal con la Generalitat y con todos aquellos que traten con el Govern, este plan se desconoce. Y las medidas rigurosas, que pueden ser necesarias, han de complementarse con otras que induzcan el buen ánimo negociador de los responsables oficiales de la política catalana, una vez que se hayan convencido –ya lo están, sin duda– de que la independencia es, simplemente, imposible. 
Vamos viendo en qué consistirá el ‘palo’; pero nada claro tenemos cuál es la ‘zanahoria’, que exigirá, sin duda, renuncias, generosidad e imaginación por ambas partes para llegar a un acuerdo. Y, para alcanzarlo, tengo la impresión creciente de que Rajoy y su equipo, así como los responsables de los restantes partidos nacionales, deberán desoír a quienes solamente predican la ‘mano dura’ con el ‘desviacionismo constitucional’ de la Generalitat. Ahora es el gran momento de mostrarse estadista.