• Martes, 24 de Octubre de 2017

Y ahora ¿qué?

Nadie tiene una sola respuesta para la pregunta más trascendental de cuantas puedan formularse a raíz de la tensa jornada vivida el domingo en Cataluña

Nadie tiene una sola respuesta para la pregunta más trascendental de cuantas puedan formularse a raíz de la tensa jornada vivida el domingo en Cataluña. Para los partidarios del proceso secesionista, tras la jornada del domingo, “España habría perdido a Cataluña”.

Quizá confunden deseos con realidad, pero es indudable que los incidentes acaecidos adquieren dimensión política añadida y ofrecen un material propagandístico de proporciones considerables. Basta con repasar la prensa internacional. La ilegalidad de la consulta y en consecuencia la responsabilidad incluso penal en la que pueden haber incurrido los convocantes, pasa a un segundo plano.

En manos de quienes el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento ya ofrecieron muestra de nula disposición a respetar la ley, los incidentes y su eco mediático, por decirlo con el lenguaje de estos días, les permite “pasar de pantalla”.

El tempo de la política no es el mismo que el de la justicia, así que habrá que esperar actuaciones de los tribunales encaminadas a investigar lo sucedido y depurar responsabilidades. En paralelo cabe exigir una respuesta política a la situación creada. Sí, a pesar de las irregularidades que han rodeado las votaciones –entre las cuales la menor no fue la ausencia de censo–, el Govern ha declarado válido el referéndum proclamando el triunfo del “sí” se abre un escenario de abierta insumisión en el que no cabe descartar una proclamación de independencia y el anuncio de la república catalana.

Si así fuera, esta misma semana, el Gobierno de España se vería constreñido a intervenir la autonomía. A estas alturas, lo de menos es si la vía escogida fuera la Ley de Seguridad Nacional o aplicando el artículo 155 de la Constitución.

España es una democracia y como tal, con procedimientos emanados de leyes votadas democráticamente debe resolver los conflictos. Los políticos y los sociales. El Gobierno que preside Mariano Rajoy ni lo tiene fácil ni va a encontrar demasiados apoyos entre los partidos políticos. De cómo resuelva el problema catalán –acrecido tras lo ocurrido el 1 de octubre–, dependerá su propia supervivencia política. Pero lo que está en juego va más allá. Afecta a la estabilidad política al futuro del Reino de España.