• Martes, 17 de Octubre de 2017

Pocas salidas le quedan ya al presidente del Gobierno para intentar atajar lo que algunos han llamado “golpe de Estado” dado por la Generalitat al convocar y llevar a cabo el referéndum que se saldó con gente votando

Pocas salidas le quedan ya al presidente del Gobierno para intentar atajar lo que algunos han llamado “golpe de Estado” dado por la Generalitat al convocar y llevar a cabo el referéndum que se saldó con gente votando, urnas en los colegios y cargas policiales que dejaron algunas imágenes muy duras, que han sido aprovechadas por los independentistas. El vértigo seguirá en las próximas horas y si tal como anunció el domingo el presidente de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña declara esta misma semana de forma unilateral la independencia, el Gobierno no tendrá ya excusas para no aplicar el artículo 155 de la Constitución que dice textualmente que “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. 
Este artículo, tan constitucional como los demás, confiere al Gobierno la competencia para aplicarlo. Rajoy no necesita el apoyo del PSOE o de Ciudadanos para hacerlo. El partido de Rivera ya han dicho que está a favor de su aplicación; en el caso del PSOE, dependiendo del día de la semana, dicen una cosa o su contraria. Pero el presidente del Gobierno no puede seguir rehuyendo sus responsabilidades ante la más grave crisis política e institucional que hemos vivido en España desde la transición. Mayor, si cabe, que la que se generó con el fallido golpe de Estado del 23-F.
Suspendida la autonomía en Cataluña, inhabilitados sus responsables políticos y juzgados por los delitos que han cometido, el presidente del Gobierno debería convocar elecciones generales en las que sería prioritario que todos los partidos se presentaran con una propuesta clara sobre el modelo territorial de Estado que quieren y que soluciones proponen para resolver los problemas que los nacionalismos vienen planteando desde la transición. Estos días, muchos ciudadanos han salido a las calles con la bandera de España para defender la unidad. Ante la gravedad de la situación, hay que darles una oportunidad para que se expresen en las urnas de tal manera que el Gobierno que salga de las mismas sepa a qué atenerse.