• Viernes, 20 de Octubre de 2017

Situación límite

El último, o penúltimo, desafío del gobierno golpista de Cataluña ha sido desobedecer las medidas aprobadas en julio por el Gobierno

El último, o penúltimo, desafío del gobierno golpista de Cataluña ha sido desobedecer las medidas aprobadas en julio por el Gobierno y que tenían como objetivo que la Generalidad no gastara ni un euro público en la celebración del referéndum ilegal. Entonces se obligó al Gobierno catalán a suministrar a Hacienda semanalmente las órdenes de pago. El jueves, el consejero de Economía comunicó al ministro de Hacienda que no enviaría más la documentación. La razón oficial: no reconocemos autoridad distinta al gobierno de Cataluña. La maquinaria del Gobierno se puso inmediatamente en marcha y primero la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y después el Consejo de Ministros aprobaban nuevas medidas de control. En sustancia, el Gobierno no enviará nuevos fondos a Cataluña sino que pagará directamente los servicios esenciales. Además, notifica a las entidades de crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalidad deba ir acompañado de un certificado de la Intervención y si detectaran irregularidades lo comuniquen a la Fiscalía. Finalmente determina que todas las operaciones de endeudamiento de la Generalidad necesitarán la autorización del Consejo de Ministros.
Es evidente la rapidez y contundencia de los acuerdos adoptados. La Ley de Estabilidad Presupuestaria contiene la respuesta a estos supuestos y es lo que se ha hecho. En mi opinión, se tenía que haber hecho antes. La fecha del 1 de octubre no nos ha pillado de sorpresa. Hace mucho tiempo que se sabe. Ahora, con estas medidas, no se va a gastar del presupuesto que queda, pero y el ya gastado y el que pueda gastarse desde los numerosos organismos, empresas públicas, consorcios. Esto será algo que tendrán que averiguar los tribunales.
En todo caso, la respuesta ha sorprendido por novedosa y contundente, aunque está en línea con las que han ido dando en los últimos días tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía y que se ha redondeado con la intervención de Rajoy en Barcelona en la que dejó claro que se van a utilizar todas las armas de las que se disponen en un estado democrático para la defensa de la nación y de los derechos de sus ciudadanos.