• Martes, 24 de Octubre de 2017

Donde más duele

Después de que el viernes el Consejo de Ministros diera 24 horas a la Generalidad para que entregara semanalmente los documentos de pago como venía haciendo desde julio

Después de que el viernes el Consejo de Ministros diera 24 horas a la Generalidad para que entregara semanalmente los documentos de pago como venía haciendo desde julio, Hacienda no ha parado de tomar medidas para cortar cualquier grifo de dinero que vaya a parar a poner en marcha el ilegal. Entre ellas, los pagos que realicen los altos cargos del Gobierno de Cataluña con las tarjetas de crédito. Además, el lunes se reunían técnicos del ministerio con representantes del sistema financiero para explicarles que no pueden realizar ningún pago de la Generalidad sin la supervisión y emisión de un certificado de la Intervención General y que de pretenderse debían comunicarlo a la Fiscalía. También el departamento de Montoro estaría vigilando ya a algunos altos cargos por alzamiento de bienes.
La cuestión es que el plazo de 24 horas ya se cumplió y lo que hizo Junqueras fue recurrir la orden del Gobierno. Se trata de ganar tiempo, puesto que ya hicieron lo mismo con las medidas extraordinarias de julio. En ese caso, el Supremo ha dado la razón al Gobierno. Quedan muy pocos días para el 1 de octubre y los soberanistas siguen con su plan y el Ejecutivo respondiendo con estas medidas de tipo económico interviniendo las cuentas y los pagos con tarjeta o mediante los bancos y también de tipo político incautándose del material de imprenta referente a la consulta ilegal. Por supuesto, el material se ha impreso en empresas que serán investigadas para llegar al final de cómo se pagó ese trabajo. Hay que recordar que la declaración de ilegal del referéndum por el Constitucional no se limitaba solo al hecho de la consulta sino a su publicación o cualquier tipo de participación en su publicidad. Por tanto, las empresas que hayan contribuido a la impresión del material incautado, carteles y demás, son responsables y habrán de pagar por ello.
Vamos a ver si en los próximos días la justicia se pronuncia ante el más que evidente incumplimiento de los acuerdos del Consejo de Ministros del viernes, entre los que figura que el Gobierno tomaría las riendas de todos los gastos de la Generalidad y no solo los relativos a los servicios públicos esenciales y funcionarios. Por cierto que el ministro Montoro ya acudió al Congreso para explicar todas las medidas adoptadas para evitar que un sólo euro público se gaste en el referéndum ilegal.