FOTOS NO, GRACIAS

Como toda actividad social o profesional, el periodismo está sujeto –o al menos así debería ser– a un código ético que, sin embargo, no es ajeno a la libre interpretación pero que, en esencia, se basa en la libertad de información y en el derecho constitucional a su libre acceso. Las lecturas que este código asume son sin embargo ambiguas, pero el simple ejercicio de la moralidad o el sentido común son lo que determinan su aplicación y sus límites. Para no todos, este es idéntico. La cuestión sobre la proposición del Gobierno central de impedir la realización de fotografías de detenidos por diferentes causas judiciales entra de lleno en la polémica sobre si tal decisión conlleva en sí limitar precisamente el derecho a la información o si bien, como se arguye desde el PP, tiene como único objetivo el de garantizar los derechos de los detenidos en cuanto a su honor, cuestión también contemplada por la Carta Magna. Ambos derechos, el de la libertad de prensa y el consecuente derecho a la información, y el del respeto a la honorabilidad de los afectados entran en colisión. De ahí que los criterios que rigen para los primeros estén sujetos a los aplicables a los segundos. Es cierto que la vulnerabilidad de uno puede conllevar la del otro.
El periodista, el editor, el director o los gestores de la información no son sin embargo los únicos protagonistas de esta decisión. En la mayoría de los casos, lo es la dimensión de la noticia en sí misma, que determina su trascendencia, su incidencia social y su repercusión en cuestiones tan variables como el de las connotaciones de un crimen o, como sucede desde hace años, las de la sangrante corrupción política y económica que salpica a este país. Lo trascendente de esta intención no es en sí el hecho de querer limitar el acceso a la información y de libertad de prensa, sino que la norma se derive precisamente de la ya habitual imagen de políticos encausados, imputados o “investigados” por cohecho, prevaricación y enriquecimiento ilícito. No se ha dado esa preocupación para casos más escatológicos como la inculpación de personas por la comisión de delitos de sangre aun cuando posteriormente su inocencia quedase demostrada. Casos sobran en este país. Si el periodismo está obligado a marcar sus propios límites y asumir un código deontológico que también se vulnera, otro tanto hace el Gobierno, al parecer, con la única intención de no salir en la foto, no la de proteger ese derecho al honor.

FOTOS NO, GRACIAS

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