Daniel Rodríguez

Pese a que las redes sociales se hicieron amplio eco de la situación de Daniel Rodríguez, un joven naronés que esta semana falleció en Madrid víctima de una inmunodeficiencia común variable, lo cierto es que su caso resultará desconocido para la mayor parte de la gente, máxime para la foránea y ajena a esta comarca. Daniel había iniciado hace poco más de un año una intensa camapaña bajo el lema “Lucha Daniel Rodríguez” que tenía por objeto denunciar la negativa de la administración a concederle una incapacidad permanente. Lo cierto es que el mal que padecía le impedía acudir a su trabajo si no era con ayuda de otra persona y que sus limitaciones, tan evidentes como elocuentes, hubiesen servido sobradamente para que cualquier entidad responsable de dictar una determinación en favor de su demanda se mostrase mínimanente sensible a ella. No ha sido así.
En la práctica, la consideración que le habría permitido un mínimo de tranquilidad personal al menos en sus últimos meses de vida, no llegó en ningún momento. Y todo pese a que esta sociedad, y en consecuencia la administración pública en general, es consciente de que el estado de salud de muchas personas requiere la necesaria, y pronta, atención. En cualquier caso, siempre una respuesta favorable y no el razonamiento que en este caso daba por hecho que sus limitaciones físicas, que padecía desde niño, no le impedían desenvolver una actividad laboral. Aunque sí, como se ha visto, conducirle a la muerte.
Su caso debería servir de ejemplo para que cualquier gobierno o político entienda que la generalidad no puede obviar la particularidad y que los baremos en los que se basan los departamentos de turno para decidir sobre un extremo u otro –la concesión de lo demandado o la negación– no siempre pueden ser los acertados. La sociedad es siempre la que aplica la generalidad como norma, aquella que impide que un desahuciado pueda tener una muerte digna o que la víctima de una violación no pueda abortar, como es público y notorio en muchos países, una vez superado el periodo legal de gestación. La norma se convierte así en un manifiesto cinismo, sobre todo porque perjudica a los más indefensos y beneficia a los que tienen sobrada capacidad de actuar por sí mismos y tienen los necesarios recursos para garantizarse la oportuna vía de escape. El caso es que muchos otros están todavía vivos, aunque a expensas de ese cinismo.