Cainismo clientelar ferrolano

Fluyen turbias las aguas políticas ferrolanas, pero no solo 

Fluyen turbias las aguas políticas ferrolanas, pero no solo es así por la cuestión exclusivamente política. El asociacionismo vecinal local se ha revelado, una vez más, esta semana como ejemplo del papel que estas entidades juegan en la vida pública. Consideradas tradicionalmente como el arranque, en muchos casos, junto con el sindicalismo, de la carrera política previo a su paso por la actividad municipal y lo que, a posteriori, se tercie o no, su protagonismo corre parejo al que en tiempos de la República romana jugaba el cliente, figura sin la cual no se entendería el ascenso al poder de cualquiera de sus protagonistas. Eran entonces clientes a costa de dinero, como evidencian las grandes deudas que figuras de la historia tan reseñables como el mismo Julio César, los que aportaban sus votos para configurar la trayectoria en la “rex publica”. Las diferencias entre esa época y la actual están lejos de ser destacables, aunque no sea ahora el dinero –tal vez– lo que impera, sino otro tipo de compensaciones que determinan si acaso un mejor trato para un barrio por parte de la institución municipal. 
El cuento –o el resultado– se aplica por igual hoy en día porque su finalidad es la misma. Una determinada política de apoyo a entidades vecinales garantiza el respaldo a una u otra formación en función del grado de “compromiso” de sus dirigentes con determinadas siglas. Tan vital es este protagonismo, que se puede comprobar en el cambio de signo de un barrio hacia un partido u otro en cuestión electoral. Como contrapartida, la “apuesta” sitúa el marco de la “oposición vecinal” al mismo nivel que el que juegan en la acción política quienes han perdido el poder. La oposición no solo abarca a la esfera estrictamente política, como se acaba de comprobar, de nuevo, en el caso de la barriada de Caranza, la más importante si cabe por número de vecinos en la ciudad naval, que sucesivamente ha pasado de respaldar mayoritariamente a fuerzas de izquierda para luego orientarse hacia la derecha y viceversa. 
Acostumbrados como estamos a creernos dueños y señores de cuanto, en este sentido, nos procura y facilita la gestión, en este caso municipal, no es ni mucho menos infrecuente que se considere el patrimonio de todos como un terreno vedado a cualquier tipo de injerencia, aun cuando sea la de un representante público, elegido democráticamente, con la responsabilidad que se le otorga –y se le exige–  en la gestión. Una gestión –sea buena o mala– que se fundamenta en su derecho –cuando no obligación– a ver, comprobar, inspeccionar o simplemente constatar hasta qué punto un espacio público, nada más y nada menos que un centro cívico, no se convierte en patrimonio exclusivo de quienes creen que una cesión conlleva la propiedad e impide, cuestiona y descalifica, como es el caso que nos ocupa, hasta el libre acceso no ya a un simple ciudadano sino a una concejal con responsabilidad de gobierno y, por eso mismo, con la indiscutible prerrogativa de comprobar sobre el terreno aquello que es de común interés para todos. 
Habituada la primera teniente de alcalde de Ferrol a ser diana del escarnio, puede ser incluso cierto que la socialista Beatriz Sestayo haya alimentado la polémica más allá de cuanto ella misma hubiese deseado. Pero no es este el caso, como se empeñan en transmitir unos “afectados” representantes vecinales. El cainismo ferrolano no parece tener límites.