AGUAS TURBIAS EN FERROL

La llamada “crisis del agua” durante un largo fin de semana pasado en Ferrol, en la que una población de 150.000 personas pertenecientes a cinco municipios no ha podido consumir de la traída municipal, ha derivado en una cuestión política que ha tenido como referencia poner en entredicho al nuevo gobierno ferrolano. No se escapan realidades contundentes tales como el hecho de que el Concello con más implicación –por población y sobre todo por responsabilidad en la gestión del servicio– ha actuado con un más que elocuente retardo en comparación con gobiernos de otros municipios. Como elocuente también resulta la constatación de que una situación como la expuesta, que no llegó a entrañar en ningún caso un riesgo para la salud, no ha encontrado la respuesta apropiada, que no es otra que la de tranquilizar a los consumidores y, al mismo tiempo, ofrecer las necesarias alternativas con la oportuna y obligada inmediatez y los medios idóneos para contribuir a la confianza vecinal con respecto a los gestores políticos. 
Más allá de las repercusiones derivadas de la contaminación del agua, que limitaba su potabilidad y que apenas trascendieron por los motivos ya expuestos, la batalla política entre los concellos, preferentemente el de Ferrol, y la administración autonómica parece haber enturbiado más tal crisis que la propia presencia de elevados porcentajes de trihalometanos. Recuperadas las condiciones de salubridad, el agua, sin embargo, parece continuar turbia –que nunca lo estuvo–, como resultado de su estancamiento en el plano político, que ha llegado rozar en ocasiones el esperpento en cuestiones tan básicas como las de los valores de las mediciones registradas en función de quién las realizase. Todo indica que sigue prevaleciendo un elevado grado de interés político en sacar pecho o tajada, según se tercie, de cualquier imponderable, afecte –por lo que se ha dado a entender– o no afecta a los administrados. La única conclusión medianamente sostenible es en cualquier caso la que se deriva de la certeza de que los actuales protocolos de empresas como Emafesa –gestora del servicio– no funcionan. Y seguirán sin hacerlo cuando una alteración en las condiciones de lo que precisamente gestiona y que pueden llevar a decisiones como las tomadas se ciñe al ámbito estrictamente burocrático y no a simples y más contundentes acciones como hubiese sido, ni más ni menos, que utilizar el teléfono para comunicarlos. A eso se le llama sentido común y lo demás, como siempre, sobra.