• Martes, 24 de Octubre de 2017

Venezuela, desde España

El responsable de los asuntos internacionales de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy

El responsable de los asuntos internacionales de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, se enfadó con los contertulios del jueves noche en el canal 24 Horas (TVE). Acabábamos de conocer la expropiación de la Asamblea Nacional venezolana por sentencia del Tribunal Supremo y quisimos pulsar su posición en asunto de estricta actualidad.
Pero se puso a la defensiva desde el primer momento y, de forma preventiva, sin que nadie hasta entonces lo hubiera mencionado, nos acusó de utilizar por enésima vez contra Podemos lo que ocurre o deja de ocurrir en aquel país. Incluso acusó al moderador de haber pretendido un monográfico sobre Venezuela, solo con la intención de criticar injustamente a su partido.
Craso error, pero, ya que lo mencionaba, servidor se atrevió a señalar que él mismo había alimentado esa tentación al hacer una inoportuna defensa de Nicolás Maduro. Más allá de lo necesario. Así que su torpeza me dio la oportunidad de llamar la atención sobre el eventual riesgo de que la opinión pública española atase cabos y creyeses que Podemos haría en España lo mismo que Maduro en Venezuela si algún día llegar al poder.
No lo creo, pero Bustinduy dejó en el camino esas miguitas de pan. Sin quererlo, seguramente. Así perdió la ocasión de desmarcarse de la deriva autoritaria de Maduro, denunciada incluso por el papa Francisco, por el que Pablo Manuel Iglesias, tiene una declarada simpatía.
Pero sobre todo se perdió la ocasión de defender el principio de la separación de poderes violado por Maduro. Y eso no solo lo dice la oposición de Carriles, Ledesma, López y compañía. La propia fiscal general, Luisa Ortega, reconocida chavista, ha declarado que la resolución del Supremo por presunto “desacato” que confisca las competencias de la Asamblea, incurre en “varias violaciones del orden constitucional” y desconoce “el modelo de Estado consagrado en la Constitución”.
Como es sabido, el contexto de las decisiones del Supremo, cuyos magistrados han sino nombrados por Maduro, es el del estado de excepción decretado en mayo de 2016 por la situación de emergencia que vivía el país. Lo que pasa es que los estados de excepción suspenden temporalmente el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos, pero no justifican la confiscación pura y dura del Parlamento, depositario de la voluntad popular de un país, en favor del poder ejecutivo.
Y si la situación de emergencia se hace persistente (inseguridad, desabastecimiento, pobreza, corrupción, enfrentamientos civiles, etc), como es el caso de Venezuela, el Poder Ejecutivo da un paso atrás y deja en manos del pueblo la posibilidad de encontrar una salida. ¿Por qué Maduro se resiste a convocar elecciones, como le ha sugerido la OEA (Organización de Estados Americanos)?