• Domingo, 04 de Diciembre de 2016

¿Quién mató a Rita?

Tras el Consejo de Mnistros del viernes, el ministro portavoz, Méndez de Vigo

Tras el Consejo de Mnistros del viernes, el ministro portavoz, Méndez de Vigo, sentenció que los acuerdos están para cumplirse. Y, por tanto, no debería revisarse el pacto del PP con Ciudadanos en materia de corrupción. El portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, acababa de sugerir la conveniencia de revisar dicho pacto. Véase cómo en las propias filas del PP, donde la Rita Barberá encontró una razón para vivir (“el PP fue era verdadera familia”, dicen ahora) se reabre el debate sobre las circunstancias y el momento en que un dirigente político merece la tarjeta roja por aparecer envuelto en un caso de corrupción.
Decía Hernando que seguramente habrá que darle una vuelta al punto del acuerdo que fija ese momento en la imputación. Es decir, el momento en el que un juez decide investigar al dirigente del partido o cargo institucional sospechoso de haber cometido un delito, tras la denuncia de parte o por actuación de oficio de la Fiscalía. El código ético del PP establecía esa línea roja para el momento de la apertura de juicio oral, que es un paso más en el terreno judicial. Pero fueron los pactos de gobernabilidad del PP con Ciudadanos los que bajaron la cota al momento de la imputación. Ahí es el propio partido el que debe expulsar o exigir la dimisión del cargo público afectado. Como ocurrió en el caso del exministro Soria. Como acaba de ocurrir en el caso de la exalcaldesa de Valencia.
Soria no llegó a estar investigado por nada de lo que trajo causa de su dimisión. Barberá pisó esa raya, la de la imputación. Renunció a la militancia porque “me lo pidió el partido”, pero no a su escaño en el Senado para que de una eventual dimisión no se dedujera presunción de culpabilidad, según explicó ella misma.
Nunca perdió su derecho a la presunción de inocencia, pero pesó sobre ella como una losa la presunción de culpabilidad. Es el reproche a quienes indujeron el arrinconamiento político y personal que habría matado a Barberá. Y por ahí reaparecieron los resortes morales de nuestra herencia judeo-cristiana. Con la exalcaldesa de cuerpo presente se han desencadenado los consabidos procesos de inculpación por ver quien puso más en llevarla al sacrificio.
El problema es que nada de eso tiene que ver con la “pena de telediario”, que no es susceptible de ser pactada, porque concierne a los medios de comunicación y a la libertad de expresión de los ciudadanos. Políticos y periodistas pueden respetar la presunción de inocencia sin detenerse ante las apariencias de culpabilidad. De hecho no se detuvieron en el caso de Barberá. Al margen del pacto del PP con Ciudadanos contra la corrupción.