• Jueves, 23 de Noviembre de 2017

El lenguaje los delata

No solo hay desafección constitucional en el discurso

 

No solo hay desafección constitucional en el discurso del independentismo, cuyos dirigentes sufren las consecuencias de su intolerable desafío al Estado. También la hay en el de dirigentes de la izquierda populista, como Iglesias Turrión, Colau, Garzón, Dante Fachin, etc. El lenguaje los delata porque proyecta su pensamiento. Y cuando se rasgan las vestiduras por la supuesta politización de la Justicia o denuncian el revanchismo del Estado contra las pretensiones separatistas, en realidad están proyectando la idea de Estado que habita en su cabeza. Ahí no cabe la independencia judicial o el dogma civil de la separación de poderes.
Denuncian lo que ellos harían si controlasen los resortes del poder. Solo a este grupo de políticos, los que acampan extramuros del bloque constitucional, se les ha ocurrido detectar motivaciones políticas en el encarcelamiento de la mayor parte de los exconsejeros del Govern, dictado por la juez Lamela.
Como si la juez hubiese actuado a las ordenes del Poder Ejecutivo o como si lo hubiera hecho por quedar bien con él. Craso error. Hasta las piedras de la Moncloa saben que al Gobierno no le hace ningún favor que, cuando los encaminamos hacia las elecciones catalanas del 21 de diciembre, los jueces tomen decisiones que tienden a alimentar la causa independentista. Todo el mundo sabe que esa causa sobrevive en gran parte gracias al victimismo de sus dirigentes y el oxígeno que reciben al hacerse los ofendidos si se sienten contrariados por las decisiones de Madrid.
Bien, pues los separatistas y sus costaleros del populismo de izquierdas han calificado las recientes medidas de la Audiencia Nacional (prisión provisional para Junqueras y siete exconsejeros del, con orden detención de Puigdemont) de “represión sin precedentes”, “revanchismo del Estado”, “Justicia politizada”, mientras hablan de “presos políticos” y ponen en duda que en España se respeten las garantías judiciales y las libertades fundamentales.
Esas quejas siempre terminan abrochadas a la misma conclusión: el problema de Cataluña es político y, por tanto, no se arregla con decisiones judiciales. Como si las decisiones judiciales debieran estar pensadas para arreglar problemas políticos y no para aplicar las leyes. Discurso tramposo donde los haya, pues sugiere que, por evitar males mayores, el Estado debería bajar los brazos ante las pretensiones secesionistas de una facción política concreta y, por supuesto, minoritaria en el arco representativo.