La empleada con contrato indefinido y miembro de la Confederación General de Trabajadores fue apartada de sus funciones “por disminución del rendimiento”. El cambio de turno al que la empresa obligó a someterse a la mujer fue, para la compañía, la causa de la merma de trabajo.

Los antecedentes de la sentencia recogen que en los días sucesivos al cambio de turno la ex coordinadora entregó una carta de modificación de las condiciones de trabajo y al estar disconforme con la negativa a la misma interpuso demanda. La resolución sitúa en días posteriores una reunión con el jefe de operaciones de la empresa, quien se ofreció a intentar solucionar el problema de cambio de horarios y le pidió que esperase unos meses para solucionarlo. Antes del término acordado recibió la carta de despido.

La resolución declara la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social número cuatro que en 22 de abril de 2004, declaró nulo el despido. El titular del juzgado coruñés basó su resolución en que nunca se preavisó a la empleada de que su nivel de trabajo hubiese cambiado. Además, concluye que en el juicio no se concretó de modo alguno en qué consistió la falta de rendimiento ni la envergadura de la misma. Las declaraciones de los testigos en este sentido fueron, según se recoge en la sentencia, “inconcretas y vagas”.

A pesar de ello, el TSXG y posteriormente el Tribunal Supremo calificaron el despido como improcedente al coincidir que el mero hecho de que la trabajadora hubiera interpuesto una acción judicial previa contra la empresa, no puede hacer que el despido se interprete como una represalia.

El Constitucional resuelve que la decisión de los tribunales tomó como probados un hechos que el juez de instancia no vio como tal; unos hecho que, subraya su sentencia, no hubiera sido posible confirmar porque la empleada estuvo de baja desde que se le cambió de turno, fecha a partir de la cual, según la empresa, comenzó a bajar su rendimiento.