Con la firma del acta de replanteo el pasado lunes llegó a su fin el largo proceso que desembocará en un importante cambio en la fisonomía del barrio de Canido. La promotora Albantur ejecutará en el plazo de dos años unas obras que supondrán la construcción de 260 viviendas en seis bloques y el desarrollo urbanístico de una superficie de 30.000 metros cuadrados de los que 9.000 se destinarán a zonas verdes, pero también la urbanización de vías públicas y la habilitación de un centro cívico para el barrio en el que tendrán cabida un centro social, un local demandado desde hace años para la Asociación de Vecinos de Canido, y un centro de día.El complicado camino que atravesó el proyecto se inició en torno al 2004 y hay quien considera que no está cerrado. La cuantía para las expropiaciones provocó protestas de los afectados, que llegaron a la televisión nacional.
Últimos acuerdos > El actual gobierno municipal se planteó como una prioridad dar salida al problema entre Albantur y las tres familias de expropiados que disentían de las valoraciones económicas ofrecidas por la promotora.
Poco tiempo después de la toma de posesión, en agosto, el alcalde y el coordinador de Urbanismo anunciaban un acercamiento de posturas que, sin embargo, no se zanjó hasta el mes dediciembre. Setenta y cinco mil euros en dos de los casos, y una vivienda en el tercero permitieron alcanzar un acuerdo, pero todavía había un problema aparte.
El 10 de diciembre se desalojó a la familia de Constantino Seoane Dopico, un afectado por el proyecto que siempre defendió su pertenencia a la Junta de Compensación de la urbanización de Pérez Parallé y que, por lo tanto, no podía ser tratado igual que los otros expropiados.
La empresa y el Ayuntamiento sostienen que debería haber dejado su vivienda en 2004, cuando lo hicieron el resto, y se ampararon en una orden judicial para proceder al desalojo.
Seoane presentó una denuncia en el Juzgado y recurrió al Valedor do Pobo, que ha mostrado su interés por este caso, lo mismo que la fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero sigue sin ser realojado pese a que desde el Ayuntamiento se aprecian irregularidades relacionadas con que la orden de desalojo se realizó en base a un expediente de expropiación que nunca existió.
Cinco meses después, Constantino Seoane no puede estar satisfecho con que el proyecto de urbanización de Pérez Parallé esté más cerca de hacerse real.
