Como denunciaban los residentes en un antiguo edificio de la calle de Santander, el juez ha entendido que los innumerables tormentos que sufrieron durante el verano y el otoño de 2004 estuvieron orquestados por un promotor, interesado en adquirir la vivienda al completo para reedificar. Tras un acto de conformidad, le ha condenado por un delito de coacciones al pago de una multa que rebasa los 2.000 euros, y a las costas del procedimiento penal, que suman otro tanto. La sentencia le supone un antecedente penal, que no se cancelará hasta dentro de dos años, pero le evita la pena de prisión -hasta un año y medio solicitaba la Fiscalía-.Los vecinos ya sabían que fue el empresario quien envió a vivir al único piso que tenía en propiedad a dos hombres de etnia gitana, para hacer la vida imposible al resto de residentes, y conseguir su propósito. Lo sabían, porque después de rechazar las ofertas económicas por sus pisos, se lo había advertido. “Os voy a meter -en el piso-a cualquiera, y no van a ser médicos y abogados”, les retó.
Dicho y hecho. Los tres hombres que fueron a vivir allí convirtieron en insoportable la convivencia vecinal, a base de manipular el interfono del portal para que hiciese ruido durante las noches, llevar a toxicómanos que se paseaban día y noche por las escaleras abandonando jeringuillas, dejar los grifos abiertos y causar inundaciones en el piso inferior al suyo, o tirar comida por las tuberías hasta atascarlas.
Defraudación > Si el instigador de tales conductas ha sido condenado por coacciones, los dos inquilinos han aceptado su responsabilidad en faltas de daños y defraudación. Aconsejados por su defensa, el penalista José Ramón Sierra, los dos hombres llevados a juicio -el tercero ha fallecido- junto al promotor admitieron que en el tiempo en que residieron en la vivienda manipularon el contador de Unión Fenosa para enganchar ilegalmente el suministro eléctrico y, de igual modo, alteraron el contador del agua y defraudaron a Emalcsa.
Por todo ello, deberán abonar multas de 420 euros, e indemnizar a las compañías eléctrica y de agua en el importe de su fraude.
