Registran una iniciativa de ley para que los toros dejen de estar blindados en España

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la asociación AnimaNaturalis, registraron ayer en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para derogar la ley que protege la tauromaquia a nivel estatal al considerarla patrimonio cultural.

Según explicó la portavoz de la comisión promotora de la ILP ‘no es mi cultura’, Cristina Ibáñez, la iniciativa se presenta ahora que son “optimistas” con la conciencia que fue ganando la sociedad, que en la última década desde la aprobación de la Ley 18/2013 que regula la tauromaquia, se mostró cada vez menos a favor de esta actividad. 

Una de las fuentes de esperanza fue también la formación del nuevo Gobierno “progresista”, indicó Ibáñez, quien admitió que el hecho de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se pronunciase en contra de la tauromaquia es otra señal del momento “favorable”.

La ILP pretende denunciar que “la ley estatal actual socava las competencias autonómicas y municipales, dado que en la práctica no permite a ayuntamientos y autonomías regular en materia del patrimonio cultural propio”, defendió. “Según las estadísticas del Ministerio de Cultura, en estos diez años los festejos populares y las corridas de toros se han disminuido aproximadamente a la mitad”, agregó Ibáñez, para incidir en que el problema es que las autonomías no pueden regular en contra de la tauromaquia porque esta está “blindada”.

“A pesar de que la tauromaquia fue declarada patrimonio cultural en 2013, Cultura realizó una encuesta en 2018 y 2019 a 16.000 personas y los resultados muestran una falta de interés sobre estos temas”, subrayó. De los encuestados, solo un 8% dijo asistir a un festejo taurino y sólo un 5,8% de este número lo hizo a una corrida de toros, aseguró la portavoz, quien precisó que de ese 5,8%, un 19,6% asistió con entrada gratuita y un 5% lo hizo con descuento. 

Una vez que la Mesa del Congreso admita la iniciativa a trámite, las organizaciones tendrán nueve meses para reunir 500.000 firmas de la sociedad civil, tras lo cual la Cámara Baja comenzaría a tramitarla por vía ordinaria.