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miércoles | 29 mayo | 2024
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que busca garantizar la accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad en su vida cotidiana, como el ocio, la seguridad ciudadana o los trámites bancarios.
Según informó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el real decreto regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Esta norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, protegerá a las personas con discapacidad y permitirá que usen, en condiciones de no discriminación, de situaciones cotidianas como son los trámites bancarios, ir a urgencias, las actividades extraescolares, ir al cine, tomar un café o la seguridad ciudadana, entre otras.
Según informó el departamento que dirige Ione Belarra, la aprobación de este reglamento supone la culminación del desarrollo reglamentario de la Ley General de Discapacidad, “cuya inacción durante casi 18 años impedía la regulación y la generación de obligaciones de la accesibilidad en bienes y servicios a disposición de la ciudadanía, provocando situaciones de discriminación en las personas con discapacidad”.
El nuevo reglamento, que será de aplicación a todas las relaciones entre personas físicas y entidades, públicas o privadas, que tengan por objeto la provisión de bienes o el suministro o la prestación de servicios, regulará cuestiones esenciales relativas a la accesibilidad en distintas áreas de la vida diaria.
Así, contempla obligaciones como el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios; la aplicación de medidas de accesibilidad o realización de ajustes razonables; la incorporación de criterios de accesibilidad universal en los programas de calidad de las administraciones públicas o la adopción de un sistema de gestión de la accesibilidad global por parte de fabricantes y proveedores de bienes y servicios públicos.
La norma establece expresamente que en ningún caso el ejercicio del derecho de admisión podrá utilizarse para restringir el acceso de ninguna persona por razón de discapacidad, y se contempla la atención preferente y la asistencia personal para personas con discapacidad, que tendrán derecho a acceder acompañadas de personal de apoyo sin que suponga un sobrecoste.
El real decreto también incluye en su regulación a las personas con discapacidad que son usuarias de perros de asistencia –entre los que se incluyen los perros guía–, así como a las personas encargadas de su educación y adiestramiento y señala que no podrán ser discriminadas de ningún modo en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
