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lunes | 6 mayo | 2024
La Comisión Europea propuso ayer que los gobiernos de la Unión Europea que no quieran participar de un nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis, puedan eludir esta responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada uno de los refugiados que no acepte.
Con ello Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín –que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona– para incluir el mecanismo de emergencia. La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.
“Todo el que tenga derecho a la protección internacional debe tenerla en la UE. Es una obligación moral y una responsabilidad legal”, declaró el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, al defender la propuesta en una rueda de prensa en Bruselas.
Timmermans alertó de las consecuencias si la UE deja de lado la solidaridad y avisó a los Estados miembros de que quien forma parte del bloque “no da la espalda a los problemas del vecino, sino que se comparte el trabajo para una solución común”.
Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50 por ciento la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50%.
La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas que un Estado miembro no pueda asumir porque se encuentra bajo una “presión desproporcionada” se calculará en base a la población y al PIB de cada país (al 50% cada factor).
Fuentes comunitarias indicaron que también se tendrá en cuenta los “esfuerzos” que ya asuma cada país para dar acogida a refugiados llegados de terceros países, aunque no queda claro de qué manera.
Con todo, Bruselas contempla que un Gobierno pueda rechazar “temporalmente” formar parte de este sistema de emergencia, aunque podría eludir la responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada refugiado que no acepte acoger en el marco del mecanismo de solidaridad. La cantidad a pagar por cada plaza rechazada se ha calculado muy por encima de la ayuda que prevé actualmente el programa europeo de reubicación (6.000 euros por persona) y del coste habitual del asilo a un inmigrante.
El objetivo, según recalcan los servicios de la Comisión, es permitir que los países contribuyan de otra manera a la “solidaridad” necesaria para asistir a los miles de refugiados que llegan a países como Grecia, pero sobre todo que tenga un efecto “disuasorio” y “desincentive” la no participación. La cantidad recaudada se redirigirá a los Estados miembros que cubran las plazas que el país que se dé de baja temporalmente no acepte.
La propuesta de la Comisión plantea otras novedades para tratar de frenar los llamados “movimientos secundarios” y otros “abusos” por parte de los demandantes de asilo, que llegan a la Unión Europea pero evitan registrarse en el país de entrada para buscar la protección internacional en otro Estado miembro. Al centralizar el registro de las demandas de asilo a través de EASO, Bruselas espera evitar que se multipliquen las peticiones en distintos países por un mismo refugiado.
Además, establece “claras obligaciones” para los demandantes de asilo y advierte de que si un inmigrante irregular se niega a colaborar con las autoridades del país de entrada para ser registrado y tramitar su caso, este comportamiento tendrá “consecuencias”.
El inmigrante tampoco podrá elegir el Estado miembro de acogida, sino que seguirá siendo el país de entrada, a no ser que se active el mecanismo de emergencia o entren en juego otras disposiciones previstas en el reglamento de Dublín, como la reagrupación familiar.
Por otro lado, la Comisión Europea propuso ayer prorrogar por “un máximo de seis meses” los controles que Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega aplican en sus fronteras interiores desde finales del pasado año, pese a ser parte del espacio de libre circulación Schengen.
Estos países reintrodujeron los controles sistemáticos en sus fronteras como consecuencia de la llegada de miles de refugiados a la UE a través de Grecia, al argumentar que la entrada masiva y sin control de migrantes planteaba un riesgo para la seguridad interior y el orden público.
