El sector de la restauración en Países Bajos recurrirá al uso de una lista negra colectiva para impedir la entrada de clientes problemáticos, con respaldo de la Autoridad neerlandesa de Protección de Datos (AP), que emitió permisos a 137 hosteleros para que puedan usar esta herramienta cumpliendo con la estricta legislación de privacidad.

Cualquiera que use un arma blanca, agreda a alguien o venda drogas en un establecimiento de ocio nocturno verá su nombre en la lista negra colectiva, que supondrá su expulsión, con prohibición de entrada durante un máximo dos años, de todos los establecimientos del sector en una zona de entretenimiento específica.

De momento, 137 empresarios en siete áreas de restauración en diferentes ciudades de Países Bajos han recibido ya un permiso de la AP que cumple con un nuevo modelo de protocolo para la industria hostelera basado en la legislación de privacidad en vigor, según recoge este miércoles el diario neerlandés Trouw.

En base a esto, los empresarios pueden solicitar un permiso de manera conjunta después de consultar con la policía y el municipio, y si lo reciben, pueden crear una lista negra con fotos y datos personales de quienes causan problemas en alguno de sus establecimientos.

“Esta es una herramienta muy importante y ha demostrado ser efectiva. Actúa de forma preventiva contra todo tipo de problemas”, asegura Eveline Doornhegge, gerente regional de Ámsterdam de la asociación hostelera KHN, que está trabajando en una base de datos nueva y segura para almacenar estos datos y espera que más empresarios soliciten permisos.

Numerosos empresarios usaron ya listas negras propias en el pasado, pero la introducción de una nueva ley de privacidad en 2018, mucho más estricta que la anterior, puso fin a esa práctica porque no protegía la privacidad de los afectados.

La AP probó de forma estricta este nuevo modelo, que garantiza mejor la privacidad de los clientes problemáticos, quienes, por su parte, tendrán acceso a cómo y por qué están en la lista, pueden oponerse a ello a través de un procedimiento de quejas, y si el comité de quejas independiente declara que la objeción es infundada, el cliente puede acudir a los tribunales.

La prohibición de entrada a los establecimientos puede extenderse un máximo de dos años, lo que se aplica a las personas que usen armas de fuego o estén detrás de una agresión grave a alguien, mientras que los acusados de robo, agresión menor o tráfico de drogas duras enfrentan una suspensión de 12 meses.

Causar peleas o pagar con dinero falso supondrá un veto de entrada a bares y discotecas de un área específica durante tres meses.