Los magistrados designados por el Parlamento opositor huyen de Venezuela por todos los medios

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que fueron designados por la Asamblea Nacional –controlada por la oposición venezolana– han buscado protección internacional por la amenaza de cárcel lanzada por el Gobierno de Nicolás Maduro, que en algunos casos incluso les ha empujado a salir de la nación caribeña.
Es el caso del magistrado Miguel Ángel Martin. Partió de noche e hizo más de 500 kilómetros con el coche para después embarcarse en un pequeño bote durante siete horas hasta la isla de Curazao, donde cogió un avión rumbo a Washington. 
Martin, de 50 años de edad, cuenta que se vio obligado a abandonar Venezuela porque agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) comenzaron a seguir sus pasos y los de los otros 32 magistrados –entre titulares y suplentes– que conforman el Alto tribunal. No es el único que ha tomado la decisión de abandonar tierras venezolanas. Otros magistrados han llegado a Estados Unidos –alguno incluso a pie–, seis se encuentran en Colombia y ocho se han refugiado en las embajadas de Chile y Panamá en Caracas.
Los magistrados que han decidido permanecer en Venezuela sin amparo internacional se enfrentan a ser detenidos y procesados por un delito de “usurpación de funciones”. 
El chavismo no reconoce la legitimidad de los magistrados nombrados por el Parlamento porque, conforme al anterior tribunal está en “desacato”.
Mientras, el recién designado fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció ayer que reabrirá las investigaciones hechas por su predecesora, Luisa Ortega Díaz, sobre la violencia en las manifestaciones, e iniciará casos nuevos, que aseguró, fueron omitidos por la gestión anterior. 
Cinco días después de haber tomado posesión como titular del Ministerio Público, Saab aseguró que ha observado “graves fallos” en las investigaciones de su predecesora. Iniciará “investigaciones penales que no fueron abiertas en su momento” en materia de “daños ambientales” por la tala de árboles en el contexto de las manifestaciones opositoras. l