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miércoles | 24 abril | 2024
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, aseguró que Washington no realizará “deportaciones masivas”, que se respetarán los derechos humanos y que las órdenes ejecutivas están enfocadas a aquellos inmigrantes con “historial delictivo”.
Sin embargo, desde el Gobierno estadounidense se anunciaba que se planteaban considerar a casi todos los extranjeros indocumentados personas susceptibles de deportación inmediata, excepto aquellos que llegaron al país siendo niños.
Por su parte, el ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, quien se reunió ayer con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson y con el propio Kelly, advirtió antes del encuentro que México no aceptará las nuevas disposiciones migratorias de EEUU.
Videgaray amenaza con acudir a Naciones Unidas para defender los derechos de los inmigrantes y quiso dejar claro que el “pueblo no México no tiene por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un Gobierno quiera imponer a otro”.
A este respecto, enfatizó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto desplegará “todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los Derechos Humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos”.
“El Gobierno de México no habrá de dudar en acudir a organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender conforme al Derecho Internacional, los Derechos Humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior”, dijo en un acto con el representante de Derechos Humanos de la ONU en México, Jan Jarab.
tema fundamental
El “tema fundamental”, el “primer punto de la agenda del día” del encuentro entre México y EEUU, será la nueva política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.
Los mexicanos, de hecho, temen que los planes de expulsión de personas indocumentadas por parte de la Administración estadounidense dé lugar a campos de refugiados a lo largo de su frontera norte.
El plan, inicialmente anunciado desde Washington, contempla que los deportados serán entregados a las autoridades mexicanas, sean o no de esa nacionalidad.
Es cierto que de los once millones de “ilegales” que se supone que conviven y trabajan en EEUU, casi la mitad son de nacionalidad mexicana, pero el país azteca no está preparado para acoger deportaciones masivas y puede generarse un problema social y humanitario que trasciende de lo que es ético o no.
Ante la alarma generada por el anuncio de Trump, las declaraciones del secretario de Seguridad Interior puede que tranquilicen un poco y rebajen la tensión.
Kelly se comprometió ante el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a que “no” se van a realizar deportaciones masivas y que básicamente se centrarán en aquellos que tengan, o hayan tenido, problemas legales.
desorbitado
Además, el coste de implementar la medida en su totalidad puede ser tan desorbitado que haga imposible su cumplimiento. Hay expertos que han adelantado la cifra de 300.000 millones de dólares como el coste que supondría la deportación de los indocumentados, por no hablar del problema social que se puede generar al separar familias o al dejar sin mano de obra a ciertos sectores económicos, cuyos puestos de baja cualificación son los que mayoritariamente ocupan los llamados “ilegales”.
Además, ciudades como Los Ángeles, Seattle o Nueva York ya anunciaron su desobediencia a la disposición migratoria de Washington, aunque se prevé que se rebelen muchas más localidades del país.
Falta por definir cómo se implementarán las órdenes ejecutivas y las dotaciones presupuestarias. Pora ahora se ha anunciado la contratación de 15.000 agentes para cumplir con los deseos de Trump. n
