Los europeos que viven en el Reino Unido tendrán una tarjeta especial tras el Brexit

Los europeos que viven en el Reino Unido tendrán una tarjeta especial tras el Brexit
Theresa May, a la derecha, en el momento de la firma tras llegar a un acuerdo con los unionistas de Irlanda del Norte para formar Gobierno | efe

Los casi tres millones y medio de ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido llevan más de un año de incertidumbre hasta saber con certeza cuál será su status cuando finalice el Brexit. El Gobierno británico dio ayer un paso importante al presentar en el Parlamento la propuesta que hará al bloque comunitario en este sentido.


La primera ministra británica, Theresa May, explicó en la Cámara de los Comunes el documento de 15 páginas que recoge los detalles sobre cuáles serán los derechos que ofrece a los comunitarios cuando concluya su salida definitiva de la Unión Europea y estos demuestren que llevan cinco años de residencia continuada en Gran Bretaña.


Según el texto, los ciudadanos europeos deberán solicitar una tarjeta de identificación especial que deberá respaldar y registrarse en una base de datos del Ministerio de Interior. Quienes ya gocen de documentos de residencia deberán volver a solicitarlo, ya que sus circunstancias pueden haber cambiado, pero para ellos el proceso será más simple


Los ciudadanos de la UE que lleven más de cinco años de residencia en el Reino Unido tendrán el llamado “estado estacionario”, que esencialmente es lo mismo que el llamado permiso indefinido recogido en la Ley de Inmigración de 1971. La propuesta de May no discrimina entre las diferentes nacionalidades de la Unión Europea.

Ingresos
La oferta del Reino Unido deja claro que tras el Brexit, los residentes comunitarios perderán el derecho de traer a un cónyuge a Gran Bretaña si no superan el umbral de ingresos de 18.600 libras (más de 21.000 euros). Tampoco tendrán derecho de voto en ningún caso, ni la protección del Tribunal de Justicia Europeo, ya que no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos en suelo británico. Las mismas medidas se proponen para Gibraltar.


Pese a estas excepciones, los comunitarios tendrán derecho a vivir en Gran Bretaña, acceder a fondos públicos, realizar cualquier actividad si es lícita y solicitar la ciudadanía. Se incluyen garantías en materia de pensiones y beneficios de seguridad social. Sin embargo, áreas clave como los temas de salud, las cualificaciones profesionales y los derechos de los trabajadores autónomos se colocan en una categoría de negociación para “tratar de garantizar su continuidad” en lugar de una garantía unilateral.


El Ministerio del Interior ya ha dicho que se garantizará hasta un período de dos años de gracia para que los ciudadanos de la Unión Europea puedan demostrar que llevan cinco años de residencia continuada en Gran Bretaña. En este sentido, se otorgará un permiso temporal de conformidad con las leyes de inmigración británicas. La justificación de la estancia continuada podrá hacerse mediante varias vías, como presentando recibos de salarios o ingresos, entre otras cosas.


El Ministerio de Interior –con millones de solicitudes de visados anuales– reconoce que la tarea será todo un reto.


El documento también recoge que las personas de la Unión Europea que quieran residir en el Reino Unido tras la fecha de corte estarán sujetas al régimen de inmigración general. Se están considerando varias opciones y serán publicadas en breve.
La fecha de cierre aún no se ha acordado, aunque se propone como límite el 29 de marzo de 2019, ya que es la fecha que dos años antes se invocó el artículo 50 del Tratado de Bruselas.


Los ciudadanos de la Unión que lleguen antes de la fecha de corte pero que no hayan logrado acumular cinco años de residencia continuada podrán solicitar la condición de temporal con el fin de seguir siendo residente hasta que hayan acumulado los cinco años. Cuando obtengan la tarjeta de identificación especial podrán acceder a los mismos beneficios que el resto. Quienes lleguen después de la fecha de corte podrán ser candidatos para el estado de “asentado permanente” dependiendo de las circunstancias, aunque en este caso el Ministerio de Interior ha informado de que el estado permanente no está garantizado. Los ciudadanos post-Brexit deberán esperar a que se publiquen las diferentes propuestas que baraja el Gobierno que lidera Theresa May.


Obviamente, quedarán excluidos del derecho a solicitar el estado de permanencia aquellos “criminales graves o persistentes a los que consideramos una amenaza para el Reino Unido”. En realidad esta situación se mantiene como hasta ahora, ya que 3.500 delincuentes comunitarios fueron deportados el pasado año.


Por su parte, el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, pidió “más ambición” a la propuesta sobre el futuro de los ciudadanos europeos en el Reino Unido una vez el país abandone la UE.


“Necesitamos más ambición, claridad y garantías que las que hay hoy en la posición del Reino Unido”, señaló Barnier a través de su cuenta de Twitter.


Según advirtió Barnier, el objetivo de la Unión para los derechos de los ciudadanos es lograr “el mismo nivel de protección que bajo la ley de la UE”.

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