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viernes | 19 abril | 2024
El Gobierno gallego desmintió ayer que la Ley de Montes del Estado abra la puerta “a la recalificación indiscriminada para iniciar procesos urbanísticos o especulativos en terrenos forestales quemados antes de que se cumplan 30 años desde el último incendio”.
La Xunta aludió a “la proliferación de distintas críticas que están intentando confundir a la ciudadanía” en este sentido, y aclaró que dicho planteamiento “es rotundamente falso”.
“La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, recoge explícitamente la prohibición expresa del cambio de uso forestal al menos durante 30 años”, así como de “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que determine la legislación autonómica”, indicó la Administración gallega.
excepciones
Aclaró el Gobierno autonómico que solo “con carácter singular” la Ley faculta a las comunidades “a excepcionar esta prohibición siempre que con anterioridad al incendio forestal estuviera previsto el cambio”.
Esto es, que exista un planeamiento previamente aprobado y también en un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, siempre que ya hubiese sido objeto de informe de evaluación ambiental favorable o, de no ser este último exigible, se ya fuera sometido al trámite de información pública.
Otra de las excepciones es que exista una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.
También con carácter excepcional, concretó la Xunta, las comunidades podrán acordar el cambio de uso forestal “cuando concurran razones imperiosas de intereses público de primer orden, que deberán ser apreciadas por ley y siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar la superficie forestal equivalente a la queimada”.
“En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la nación, será la ley estatal la que determine el cambio de uso forestal”, y concretó que “en ningún caso se podrá excepcionar la norma respecto de montes catalogados”, como es el caso, por ejemplo, del reciente conato en la isla de Cortegada o de los incendios registrados en la Serra do Xurés.
Respecto a las críticas de sindicatos y otras formaciones políticas al dispositivo, el Gobierno autonómico indicó que “Galicia cuenta con el dispositivo de prevención y lucha contra incendios forestales más potente de toda España que, en conjunto, puede llegar a alcanzar las 7.000 personas velando por los montes gallegos”; “un dispositivo idéntico en personal que el año anterior”.
campaña
Según la Xunta, al comienzo de la campaña de riesgo elevado, el 1 de julio, “estaban ya cubiertos el 100% de los puestos de técnicos, el 98,1% de los 388 puestos de agentes y el 94% de los 1.839 puestos de laborales del Servizo de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais”.
Por su parte, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, aseguró ayer que la normativa que permite la rectificación de los montes calcinados es “el mechero necesario para incendiar el país” en referencia a los numerosos fuegos que se producen en las últimas jornadas en Galicia.
La comunidad gallega ha registrado múltiples incendios en las últimas jornadas en las que se ha producido una situación en la que, según Díaz, “la Xunta está dimitida”.
Díaz se mostró muy crítica con la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, que dice que no hay falta de medios.
“Las declaraciones de la conselleira son impresentables. No se puede permitir en una sociedad democrática. Esto son las consecuencias de liberalización de los montes de nuestros país”, apuntó Díaz.
