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viernes | 31 mayo | 2024
La nueva ley integral de lucha contra los incendios forestales que pone el foco en la puesta en marcha de actividades agroganaderas como vía para tener un territorio activo como vía para prevenir los fuegos ha arrancado su tramitación, que llega casi dos años después de ser anunciada por el Gobierno gallego en junio de 2021.
El Consello de la Xunta celebrado este jueves ha dado luz verde al nuevo marco normativo elaborado por la Consellería do Medio Rural, que espera que el texto legislativo inicie en los próximos meses su tramitación parlamentaria con el horizonte de que sea aprobado antes de que termine el año 2023.
Como ha explicado el conselleiro do Medio Rural, José González, que ha acompañado al presidente, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico, el objetivo de la ley es actuar sobre el propio territorio para que sirva de barrera anti incendios a través de la creación de actividad agrícola y ganadera.
Para ello, una de las principales novedades que introduce la actualización de la norma es la identificación de áreas de alta actividad incendiaria o con posibilidad de sufrir fuegos para fomentar en ellas la puesta en marcha de viñedos, sotos y otras actividades vinculadas al sector forestal, agrícola o ganadero.
Todo esto para generar "paisajes mosaico" que actúen como "cortafuegos", como ha explicado González, que también ha avanzado que la Xunta asumirá la planificación de las actividades y gestión de los recursos de los distritos forestales, responabilidad que, hasta el momento, recaía en los ayuntamientos, quienes, en todo caso, mantendrán sus competencias.
El anteproyecto que sale ahora a exposición pública también incluye otras medidas preventivas como la puesta en marcha de un mapa dinámico de peligro de incendios, la regulación de las quemas controladas o la reclamación para que instalaciones como, por ejemplo, parques eólicos; pongan al servicio de la Xunta parte de sus medios en caso de que sea necesario combatir un incendio.
"El objetivo es aportar una nueva visión global, fruto de la experiencia acumulada hasta ahora e incluyendo también las recomendaciones de la comisión de estudio que se creó tras los incendios de 2017", ha señalado Rueda en la presentación de un texto que ha sido desgranado por el conselleiro, quien ha justificado los retrasos aprobar en Consello la ley —prometida para finales de 2022— por la necesidad de actualizar el texto a los cambios del último año, especialmente tras la ola de incendios del pasado verano.
Uno de los aspectos destacado por el nuevo marco normativo que sustituye al que está en vigor desde 2016 es la creación del 'Sistema de lucha integral contra los incendios forestales', formado por infraestructuras, medidas y acciones para prevenir, vigilar, investigar y apagar los fuegos.
Todo ello quedará plasmado en el 'Plan de loita integral contra os incendios forestais de Galicia' (Plifoga), que tendrá una vigencia quinquenal aunque será revisado año a año. Este instrumento sustituirá al Pladiga, el marco para afrontar las campañas contra incendios que la Xunta saca adelante antes de la temporada de alto riesgo de incendios (a partir del mes de julio).
También cambia de nombre el servicio anti incendios, que se apoyará sobre una red de infraestructuras y equipamientos del sistema en las que están incluidas edificaciones, bases operativas y bases de medios aéreas, a las que se añaden nuevas figuras como los 'paisajes cortafuegos' o las áreas estratégicas de gestión.
Por otro lado, la ley contempla el desarrollo de mapas dinámicos sobre riesgo de incendio, con el que se trabajará para zonificar las áreas con mayor potencialidad de sufrir incendios atendiendo a criterios "vivos" y su posible evolución a futuro.
La identificación de estas áreas permitirá, según la Xunta, "optimizar" combustibles, usos, actividades o infraestructuras con el objetivo de "limitar la potencialidad de los incendios".
Los planes de distrito forestal se amplían para establecer fajas de seguridad primarias, secundarias y terciarias, señalar áreas donde potencialmente pueden realizarse quemas controladas.
Otra de las novedades del texto es que en las concesiones y nuevos proyectos de infraestructuras en terrenos agroforestales y en zonas urbano-forestales podrán solicitarse por parte de la Administración sistemas de vigilancia anti incendios.
Además, contempla la creación de lo que la Xunta denomina "grupos de vigilancia municipal", formados por voluntarios seleccionados y formados para colbaorar en la prevención y lucha contra los indensio.
