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sábado | 27 abril | 2024
La Xunta considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), que avala la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra hasta 2073, también “refuerza” su decisión de elaborar una ley de ordenación del litoral autonómica, contra la que presentó alegaciones el Gobierno central porque cree que invade competencias estatales.
Según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras un primer análisis realizado por el Gobierno gallego, a la espera de conocer el contenido de la sentencia, la decisión del TS “avalaría” el recurso que presentó contra el Reglamento general de Costas aprobado por el Ejecutivo central el año pasado que “en la práctica supone negar la prórroga” a muchas edificaciones litorales.
Rueda aseguró que ahora “la tesis de la Xunta sobre el derecho de estas concesiones a ser renovadas se ve respaldado” por lo que supone “un refuerzo” no solo al recurso del Gobierno autonómico al citado reglamento estatal sino también a la ley del litoral que está en elaboración.
Rueda insistió en que el aval del TS a la prórroga de su concesión implica que la empresa tiene que cumplir los compromisos adquiridos, tanto a nivel medioambiental como de inversiones, y la Xunta va a estar “especialmente vigilante” en este sentido.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón lamentó la sentencia y avanzó que el partido piensa “agotar todas las vías” para que Pontevedra no vea “hipotecado” su futuro. Así lo trasladó en un acto en Ourense, donde se posicionó en la misma línea que Miguel Anxo Fernández Lores, quien se mostró muy crítico con la decisión del TS.
“Entendemos que la ciudad tiene derecho a poder desarrollar su potencial y que la industria contaminante no hipoteque el futuro de una ría. Hay alternativas para el traslado”, expuso Pontón, quien cree que es “evidente que (la sentencia) se carga la Ley de Costas porque aquí hay un trato de favor a una empresa que no tuvieron otras empresas”.
Mientras, el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites, considera que “gana Galicia” y recordó que la compañía pastera tiene “inversiones pendientes” en la comunidad gallega.
El fallo “es muy importante” para el sector industrial gallego, opinó Vieites, quien expresó su alegría “por los trabajadores, por las 5.100 familias que dependen de esa actividad de la fábrica, por sus clientes y por el sector forestal gallego” en general.
“Todos éramos conscientes”, de que se trataba “de un tema administrativo” y “no medioambiental”, subrayó Vieites.
