Los sindicatos médicos proponen más recursos y un reparto más justo para una sanidad en peligro

El comité ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó ayer en A Coruña un documento que recoge sus propuestas sobre financiación del Sistema Nacional de Salud ante el “peligro” en el que se encuentra por los recortes presupuestarios desde el inicio de la crisis.
“Ante este desaguisado presentamos nuestra propuesta de financiación del sistema sanitario público” en el que no solo todas las comunidades “han perdido presupuesto a costa de los profesionales” y de sus salarios, sino que además “estamos mal contratados”, en el sentido de que hay un “exceso de precariedad laboral”, sostiene el presidente de la CESM, Albert Tomás.
Tomás quiso ejemplificar esta situación con el reciente caso de Teresa Romero, infectada de ébola y que ya se ha recuperado, al indicar que de los cinco médicos que la trataron en el Hospital Carlos III, cuatro eran eventuales y “con contratos renovados mes a mes o cada dos meses”.
Según el documento, aprobado, el presupuesto público del Sistema Nacional de Salud ha pasado de 59.738 millones en 2010 a 53.052 este año, un 11% menos, con Extremadura como la comunidad que más los ha bajado, un 22,89 por ciento, y Cantabria la que menos, un 1,16%, mientras que en Galicia la reducción fue de un 12,34 por ciento, superior a la media.
Las diferencias se reflejan además en el esfuerzo inversor por ciudadano, que la CESM califica de “discrecional” porque frente al 38% de los fondos de Asturias y Canarias, un 32,3% en Galicia, Navarra apenas destina el 23,2 por ciento, detalla.
De ahí las propuestas que incluyen en un nuevo modelo basado en que el Estado invierta más dinero en la sanidad pública, como mínimo el 7,5 por ciento del PIB; que estos presupuestos tengan un carácter finalista; y que el reparto de la financiación se haga por habitantes, no por territorios.
“El modelo de financiación por territorios es absolutamente opaco”, advirtió el secretario general de la CESM, Francisco Miralles, quien consideró la propuesta de tener en cuenta cada ciudadano como “más justa”.
En cuanto al gasto sanitario, plantean su optimización mediante la consecución de un pacto de Estado para “sacar a la sanidad de la batalla partidista” y dar mayor participación a los profesionales en la gestión de los servicios sanitarios; más transparencia en la gestión, centralización de compras, creación de una agencia de evaluación tecnológica y una respuesta eficaz a pacientes crónicos.