El promotor de las torres de O Garañón responde a todas las preguntas de juez y abogados

El promotor de las torres del Garañón de Lugo, Ricardo Iglesias, respondió ayer a todas las preguntas de la jueza que instruye el caso, Pilar de Lara, y de los abogados de ese asunto sobre presuntas irregularidades urbanísticas.
A su llegada a los juzgados, antes de las 10.00 horas, Iglesias se mostró “tranquilo y sin problema”, para posteriormente responder a todas las cuestiones durante una hora de interrogatorio, que arrancó poco después de las once, indicaron los letrados.
El abogado de Iglesias, Jesús Calvo, explicó a la salida de los juzgados que el promotor “ha aclarado como fue el proceso de conocimiento del terreno, cómo una inmobiliaria fue la intermediaria que lo puso en conocimiento de ese terreno, cómo fue el proceso de adquisición y cómo se hizo el convenio”.
Asimismo, el empresario imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, relató “cómo fue luego el desarrollo hasta que hubo la orden judicial de paralización de la obra”.
“No ha habido ninguna cuestión más allá que la gestión de un terreno que estaba en el plan general de ordenación municipal” de 1990 y que “generaba una edificabilidad”, según el letrado.
El Ayuntamiento “planteó antes de la adquisición que quería que renunciara a parte de esa edificabilidad porque pensaba que era excesiva en el plan” y al final el promotor aceptó rebajar esa edificabilidad y promocionar el resto”, añadió.
“Nadie supo nada del tema de Cultura y nunca planteó nada al respecto hasta años después”, advirtió Calvo en relación a la ausencia de los pertinentes informes de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta.
El abogado afirmó que su defendido no cometió “ningún” delito y añadió que “está muy afectado”, ya que “es una inversión de veinte millones de euros y es una situación muy dramática para él porque claro, estamos hablando de cinco años de paralización por este juzgado y le ha hundido en una promoción económica muy importante, donde ha invertido mucho y ahora mismo no le ve salida”.
Su declaración pretende aclarar las condiciones en las que el promotor suscribió un convenio urbanístico en 2005 con el Ayuntamiento, cuando ejercía de alcalde José López Orozco y de concejal de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro, el actual secretario xeral del PSdeG.
Dos funcionarios del Ayuntamiento de Lugo, uno del servicio de Urbanismo y otro responsable de las licencias municipales, tenían previsto prestar declaración también ayer sobre ese asunto.
Orozco y Besteiro están citados para comparecer el viernes en calidad de imputados por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, además de un cuarto por cohecho para el secretario xeral del PSdeG.