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jueves | 25 abril | 2024
La Fiscalía y la acusación popular reclamaron ayer cinco años de cárcel y catprce de inhabilitación para ejercer cargo público para el alcalde de Vilariño de Conso (Ourense), Ventura Sierra, por considerar “acreditado” que cometió falsedad documental y prevaricación en 29 contratos temporales entre 2012 y 2013.
La defensa reclamó su libre absolución del regidor, que defiende que por el Ayuntamiento pasaron trabajadores “de todos los colores” y que él “nunca” tuvo la intención de “hacer daño a nadie”.
En el Ayuntamiento de Vilariño de Conso “se contrataba a dedo” con un sistema “totalmente arbitrario”, dijo el fiscal, tras señalar que “ninguno” de los testigos que declararon en la Audiencia Provincial de Ourense ha podido aclarar donde se publicaban las bases de los concursos.
El fiscal recordó que la secretaria del Ayuntamiento reconoció haber realizado “múltiples advertencias” al alcalde sobre la “irregularidad de los procesos de contratación” al no hacer públicas las bases en un tablón o con un concurso de méritos, tal y como establece la ley.
También la acusación particular consideró que el edil “era consciente” de que faltaba al principio básico de la publicidad, obligatorio en la contratación pública, porque se lo había señalado la secretaria “en multitud de informes”. Para la acusación popular el alcalde es responsable de prevaricación basada en la ausencia de publicidad de las convocatorias de empleo y por usar su condición como edil para realizar las contrataciones a pesar de los avisos de la secretaria.
Falsedad documental
Además, le considera responsable de falsedad documental porque “trató de disimular las contrataciones simulando un proceso de selección”.
En su intervención la acusación popular también consideró que el edil “contrataba a dedo” y que “no hubo un proceso de selección oficial, sino personal, al margen de la mínima exigencia de legalidad”.
La defensa incidió en que el edil “no gestionó directamente las contrataciones” y defendió que su cliente creía que no había prevaricación en su actuación al considerar que la situación “estaba controlada bajo el punto de vista legal” después de que la secretaria levantase los reparos para el pago de las nóminas a los trabajadores contratados.
