La oposición cree que el problema es estructural y no “de incendiarios”

La oposición cree que el problema  es estructural y no  “de incendiarios”
varios brigadistas durante las labores de extinción del incendio declarado en el municipio de monterrei efe

Galicia arde cada verano. Y esa realidad no es un problema causado por los incendiarios, o por lo menos no en su totalidad. El problema tiene causas estructurales. Esta es la tesis que defiende la oposición gallega y que achaca a la Xunta una política forestal y agraria nefasta.  
Así lo indicó ayer el diputado de AGE, Antón Sánchez, quien  acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, de “mentir” y “manipular” sobre los incendios forestales, al central el problema en los incendiarios, cuando se trata de un asunto que tiene “causas estructurales”.

Recortes brutales
También desde el PSdeG apuntaron a una errónea política forestal. El portavoz parlamentario socialista lamentó ayer los “recortes brutales en prevención” a largo plazo y en cuidado del monte, que calculó en más del 20 por ciento.
De esta forma, coincidió con la tesis de Sánchez, también responsable de Medio Ambiente de Anova, quien subrayó en conferencia de prensa que Galicia cuenta con el 7,7 por ciento de la superficie forestal del Estado y, sin embargo, sufre el 45 por ciento de los incendios.
En su opinión, se trata de un problema más complejo que la pura actividad pirómana en la que los responsables de la administración “focalizan” los incendios forestales.

Principal responsable
El portavoz de Anova recordó que el PP gobernó 27 de los 32 años de autonomía, por lo que lo consideró “el principal responsable de la situación del rural y del monte gallego”, y que en 1992 se aprobó un plan contra incendios consensuado, que pretendía que cada año se gastase menos en extinción y más en previsión.
Sin embargo –agregó– cada año se gasta una media de 90-100 millones de euros en la lucha contra incendios, con un operativo “cada vez menos profesional, menos eficiente, menos coordinados” y, además, “volvimos al sistema caciquil de contratación en los municipios”.
Para Sánchez, lo que se constata es una “crisis del modelo rural en Galicia”, consecuencia de las “decisiones políticas” adoptadas, de lo que puso como ejemplo el abandono en los últimos 20 años de 150.000 explotaciones, que eran auténticos “agentes contra el fuego” o la reforestación de miles de hectáreas de tierras agrarias, la mayor parte de forma ilegal, “ante el silencio y complicidad de la Xunta”.
Demandó que se recupere la superficie agraria útil de los años 80 y se desarrolle una “gestión integrada y multifuncional” del monte, acorde con sus necesidades, pero lamentó que se ha escogido un modelo forestal en base a especies de bajo valor añadido y pirófitas, “al servicio de las celulosas”, mientras que además este año se retiraron las ayudas a las especies autóctonas.
En cuanto al operativo de extinción, el diputado lo consideró “caótico, difícil de coordinar y poco profesionalizado”, con 11 entidades, organismos y empresas y brigadas de prevención que empiezan a trabajar en agosto.

Vergonzoso e imprudente
Preguntado por la satisfacción expresada por el presidente de la Xunta al constatar menos incendios que en otros años, Sánchez, negó los datos facilitados por Feijóo, pero agregó que no entrará en una guerra de cifras y consideró “vergonzoso y una imprudencia” que el jefe del Ejecutivo haga un balance a mitad de la campaña.
Concluyó que, independientemente del número de hectáreas quemadas, los datos señalan “año tras año” que se trata de un problema “grave y diferente” a otras zonas del Estado, de manera que hay que determinar cuál es el elemento diferenciador, que en su opinión, no es que haya más pirómanos, sino cuestiones de tipo estructural.
Por otra parte, AGE presentó ayer una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a elaborar de forma urgente el reglamento del bombero y homogeneizar los servicios y formación de este colectivo. Además, le demandó que redacte también el plan director de los servicios contra los incendios, en el que se garantice a los profesionales de los parques privatizados unas condiciones laborales semejantes a los de parques públicos.

La oposición cree que el problema es estructural y no “de incendiarios”

Te puede interesar