Los sindicatos manifestaron su rechazo frontal a las medidas de Facenda, que suponen recortes en sus condiciones laborales en cuestiones como el cobro de las bajas o reducciones en la jornada y anuncian movilizaciones de protesta. Así, tanto la CIG como UGT expresaron su crítica al anteproyecto de Lei de Medidas en el Empleo Público, que vieron una regresión en los derechos, y también a la manera en la que se planteó, con solo plazo hasta el martes para las alegaciones. La CIG amenazó con movilizaciones si la Xunta no modifica su postura, al igual que CSIF, que calificó esta propuesta de “absolutamente negativa” e “inaceptable”. También CCOO expresó su rechazo a las medidas de la Xunta porque considera que hacen recaer el coste de la crisis, una vez más, en los empleados públicos. La organización sindical recordó que estos trabajadores ya sufrieron una reducción del 13% en sus salarios en los últimos tres años. La CIG criticó que estas medidas son “muy agresivas y lesivas” y suponen “una regresión en cuanto a derechos adquiridos, algunos desde los años 60 y 70”. Entre ellos, citó el recorte en el complemento de bajas por incapacidad, que supone “penalizar a los trabajadores por el hecho de estar enfermos”, dijo la organización. Además, avisó de que la propuesta supone “seguir deteriorando la imagen del personal, y por ende, de sus servicios públicos”. UGT incidió en esta idea y alegó que los recortes que sufren los empleados de la Administración deterioran la cobertura de los servicios públicos básicos y la ciudadanía en general puede verse perjudicada. El sindicato señaló que los empleados públicos contribuyeron y siguen contribuyendo ante esta crisis con una rebaja de su sueldo, algo en lo que también incidió CSIF, que consideró la propuesta de la Xunta “el ataque más grave” contra este colectivo de trabajadores realizado por el Gobierno gallego. “Es un intento de Feijóo de ocultar sus vergüenzas utilizando como chivo expiatorio a los empleados públicos”, manifestó el CSIF.