La juez de Lara ordena que se examinen las cuentas del alcalde de Pontevedra

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, autorizó a Vigilancia Aduanera a investigar la actividad económica y fiscal del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y otros miembros de su Gobierno local, en relación a las investigaciones que realiza sobre los contratos obtenidos por Aquagest en los municipios y, en este caso particular, en la capital del Lérez.
En el mismo auto, Vigilancia Aduanera llega a proponer a la instructora de la operación “Pokémon” que llame a declarar a Lores y a otros miembros de la corporación local a los juzgados de Lugo, aunque por el momento, De Lara solo autorizó a seguir las investigaciones y dio luz verde a recabar información de los contratos en el Consistorio.
De hecho, ayer, un día después de la fecha del auto, agentes de Vigilancia Aduanera acudieron a las dependencias del Ayuntamiento de Pontevedra para reclamar información sobre los contratos de Aquagest desde el año 2009. 
Los miembros de Aduanas llegaron al Consistorio pontevedrés sobre las 10.00 horas y su presencia se produjo en el marco de una investigación perteneciente a una pieza judicial separada abierta en el año 2014 de una causa previa, ya de 2011. Fuentes municipales confirmaron que la orden judicial reclama todos los contratos y prórrogas, en caso de existir, que haya firmado el Ayuntamiento de Pontevedra con el Grupo Agbar (Aguas de Barcelona) desde el año 2008, así como la facturación con empresas del grupo desde el año 2009 y también la del Consistorio con la empresa de transporte de viajeros Viuda de Cándido desde ese mismo año 2009.
En el caso de Aguas de Barcelona, grupo al que pertenece Aquagest, desde el Ayuntamiento de Pontevedra aseguran que tan solo existen contratos con Aquagest y que se trata de uno único, vigente desde el año 1997 y hasta 2017.
Las mismas fuentes del Consistorio aseguran que los funcionarios de Aduanas no realizaron un registro, sino que se trata de una solicitud de documentación y tienen orden judicial de no abandonar el Ayuntamiento de Pontevedra hasta que le sean entregados todos los documentos reclamados.  
Por su parte, el PP local ya exigió que se celebre una junta de portavoces para que el alcalde de Pontevedra explique los motivos de la actuación de los agentes de Vigilancia Aduanera. “Apelamos siempre a la presunción de inocencia, pero las dosis de presunción que le estamos otorgando a Lores superan ya todos los límites”, señaló.