Imputan a Besteiro y Orozco por el caso de unas licencias urbanísticas en Lugo

Imputan a Besteiro  y Orozco por el caso de unas licencias urbanísticas en Lugo
GRA340. LUGO, 03/07/2015.- Fotografía de archivo tomada el 27/02/2014 del edificio Garañón, en Lugo. La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha citado a declarar a finales de es

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha citado a declarar como imputados para el día 31 de este mes al que fuera alcalde de Lugo, José López Orozco, por los delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, y al secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, en su caso por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio.
En un auto, con fecha de ayer, la jueza instructora establece una posible relación entre la compra del piso en el que vive en Lugo el secretario xeral de los socialistas gallegos y el convenio urbanístico que facilitó la ordenación de la finca de O Garañón.
En ese documento, la jueza hace constar que Gómez Besteiro, cuando ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo de Lugo, compró un piso en la avenida de Ramón Ferreiro que fue escriturado el 31 de mayo de 2005, al propietario de Construcciones J. Díaz que, a su vez, fue dueño de la finca de O Garañón.
La instructora sostiene que Besteiro adquirió el piso por el mismo valor en el que había sido tasado a “efectos hipotecarios” ocho años antes, en torno a 138.000 euros, y, “de acuerdo con el documento de compraventa”, habría pagado la “suma de 36.000 euros en metálico”, sin que “conste la procedencia”.

dinero en efectivo
Para la jueza, destaca “lo inusual que resulta que se pague una cantidad de dinero tan importante en efectivo, en lugar de hacerlo, como sería normal, mediante una transferencia”.
Por otra parte, “tampoco existe constancia de la procedencia del resto de la suma satisfecha”, que asciende a 102.232 euros.
Subraya, asimismo, que “apenas un mes y ocho días después” de la adquisición de ese piso, se “firma el convenio entre el Ayuntamiento de Lugo” y el constructor Ricardo Iglesias, nuevo propietario de la parcela de O Garañón, tras la venta efectuada por Construcciones J. Díaz.
Posteriormente, prosigue, dicho convenio siguió su tramitación y fue aprobado definitivamente el 31 de diciembre de 2005, subraya la jueza instructora, no solo en Nochevieja, sino también en sábado, justamente un día antes de la entrada en vigor de la reforma de la Louga.
Asimismo, Pilar de Lara hace constar que, por escritura de enero de 2006, el entonces alcalde de Lugo, José López Orozco, cinco días después de que se aprobara la ordenación de la unidad de actuación de las cuestas del parque de Rosalía de Castro –donde se encuentra la finca de O Garañón–, compró a Construcciones J. Díaz “dos plazas de garaje” en una promoción construida en la calle Pastor Díaz.
En el auto judicial, Pilar de Lara refleja que ambas plazas costaron 14.400 euros, “un precio que también fue notablemente inferior al precio de venta de las plazas de garaje en esa misma zona” de la ciudad, y también “sin constar el medio de pago”, que el “vendedor afirma haber recibido antes del otorgamiento de la escritura”.
Además, la jueza también investiga las obras de reforma efectuadas por Gómez Besteiro en su piso, porque “existen indicios bastantes para considerar” que podrían “haber sido objeto de un regalo” por parte de un constructor, dado que fueron ejecutadas entre los años 2005 y 2006, pero la factura no fue emitida “hasta cinco años después” y a nombre de la mujer del secretario general de los socialistas gallegos.
“En el mejor de los casos, de ser ciertos los pagos efectuados, se podría hablar de un trato de favor”, añade la instructora, “toda vez que no es habitual que un constructor espere cinco años para cobrar una obra”.

licencia a sí mismo
También incide en el hecho de que Gómez Besteiro, como edil de Urbanismo, se concedió “a sí mismo una licencia de obra”, a pesar de “existir un claro conflicto de intereses”, así como en la circunstancia de que la licencia fue solicitada por un importe inicial de 9.638 euros, pero esos trabajos acabaron por costar 52.200 euros.
Para continuar con la investigación, la jueza de Lara ha citado  también a Santiago P.C, que era arquitecto municipal en el momento; a José María G.R, funcionario del departamento de Arquitectura; y a Covadonga H.H, jefa del departamento de licencias, estos tres últimos por tráfico de influencias.

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