8º-14º
martes | 30 abril | 2024
La Xunta dio el visto bueno al anteproyecto de ley de ordenación de litoral de Galicia, que permitirá regularizar edificaciones e instalaciones ya existentes en la franja costera, así como la instalación de parques eólicos marinos.
La Xunta espera que Galicia se convierta, con la aprobación de esta ley el año que viene, en la “primera comunidad” en regular esta franja costera frente a la normativa del Gobierno central, que considera que solo aporta “inseguridad jurídica” y falta de “concreción”.
Así lo aseguró este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno gallego, en la que recordó que Galicia reclamó al Estado la gestión de su dominio público-marítimo terrestre y “no tiene respuesta”, por lo que espera que el Ejecutivo central no recurra esta normativa.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aseguró en la misma comparecencia que esta normativa tiene dos principios inspiradores: “regular la franja litoral desde Galicia” y “dar seguridad jurídica a los titulares de instalaciones que lícitamente están en dominio público”.
De este modo establece por primera vez actividades “estratégicas” en la costa, entre ellas establecimientos de turismo litoral, como hoteles, siempre que sean en edificaciones “preexistentes”, de las que la Xunta tiene catalogadas unas 300.
“No tiene sentido que tengamos unas instalaciones fantásticas que, ahora mismo, por distintas causas, su actividad ya no se está llevando a cabo. La intención es darles una segunda vida, y eso supone en muchos de los casos destinarlas al ámbito hotelero”, ha argumentado la conselleira.
También defendió que “no debería de haber ningún tipo de conflicto” competencial, ya que “esta es una ley que no va contra nadie, sino que es una ley de Galicia para los gallegos”.
Ante la falta de concreción del Ejecutivo y su pretensión de que la costa en 2045 esté “totalmente libre”, defendió la “concreción” de la Xunta sobre las actividades que van a estar permitidas en dominio público marítimo-terrestre.
Así, se permitirán los establecimientos de la cadena mar-industria, la actividades vinculadas a la interacción entre el puerto y la ciudad, las dotaciones públicas esenciales para abastecimiento, saneamiento y depuración, las infraestructuras energéticas y las instalaciones de generación eléctrica que tengan que ocupar el mar, como las eólicas.
Así, la nueva normativa distingue tres áreas costeras que son, de mayor a menor protección: la de protección ambiental (APA), en la que será “incompatible” cualquier desarrollo urbanístico; la de mejora ambiental y paisajística (AMA), en la que se garantizará un actividad económica compatible con el litoral; y el área de reordenación (ARA).
