11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La Fiscalía de Ourense prevé presentar la semana que viene un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense que cita en calidad de investigados por un delito de cohecho al presidente de la Diputación y del PP en la provincia, José Manuel Baltar, y a la mujer que lo denunció por supuestamente haberle ofrecido trabajo a cambio de sexo.
La mujer estaba citada para declarar como perjudicada, pero el juzgado notificó este jueves un auto en el que deja sin efecto esta citación y llama tanto a ella como a Baltar para el 10 de marzo en calidad de investigados –la nueva denominación de imputados–. Fuentes conocedoras del caso confirmaron que la intención de la Fiscalía es recurrir esta decisión.
Y es que, a mediados del mes de octubre, la mujer había denunciado ante la Fiscalía que el ahora presidente de la Diputación de Ourense le ofreció en el año 2010 “una plaza fija” en la institución provincial, que entonces aún dirigía su padre, José Luis Baltar, “o incluso en otro lugar”, a cambio de sexo.
nueva denuncia
La Fiscalía Provincial de Ourense, con Florentino Delgado al frente, decretó el archivo de las diligencias de investigación penal, pero la mujer había decidido presentar una nueva denuncia ante el juzgado de guardia de Ourense por un supuesto delito de acoso sexual.
Ahora recurrirá el nuevo auto manteniendo “el mismo criterio de la resolución” de archivo de las diligencias de investigación practicadas a finales del año pasado, ya que entiende que no existe ningún dato nuevo que exija ahora una valoración distinta de los hechos.
Y es que, conforme hizo público en su momento la Fiscalía de Ourense, esta ya había investigado, en base a las pruebas presentadas por la mujer –aportó mensajes y también grabaciones en las que Baltar daba a entender la posibilidad de modificar notas en procesos selectivos–, la posible existencia de “conductas contra libertad sexual, cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública”.
Respecto al primer caso, la Fiscalía señaló entonces que la denunciante “es mayor de edad y con plena capacidad”, y que según sus propias declaraciones, “no medió uso de fuerza o intimidación”.
Sobre los supuestos delitos de cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública, el fiscal recordó que se trata de “tipos delictivos que no pueden darse en quien no es autoridad”.
Además, incidía la Fiscalía en que “tampoco se está en el caso de que se hubiese procedido a realizar la contratación de la denunciante”.
